"El señor Lambán nos pedía paciencia, pero es que de la paciencia ni se come, ni se vive, ni se viste". Las palabras de Gema López, trabajadora social de la Asociación de Disminuidos Psíquicos de Las Fuentes (Adislaf), resumen la dificil situación que atraviesa esta entidad por culpa de los impagos del Gobierno de Aragón.

La deuda asciende, según dijo su presidente, José María López, a 735.000 euros. El temple ya se ha agotado en el seno de este colectivo y, como consecuencia de ello, más de medio centenar de personas inició ayer un encierro en la sala multiusos de las instalaciones que la asociación tiene en el paseo Echegaray y Caballero, en Zaragoza. "De momento va a ser indefinido, al menos hasta que la DGA cumpla con lo prometido. No podemos seguir así porque la situación es insostenible", dijo López. Adislaf ya debe algunas nóminas a sus trabajadores y no ha podido abonar cantidades a proveedores.

Seis colchones, colocados de forma uniforme en el centro de esta habitación improvisada, recibirán los días que dure la protesta a todo aquel que quiera apoyar este acto en el que los propios discapacitados también participan. De hecho, Adislaf ha decidido plasmar sus historias personales en octavillas que se repartirán en la calle.

VARIOS TURNOS

Para que la actividad diaria del centro no se vea perjudicada por el encierro, por las noches se quedarán a dormir los trabajadores. "La gente joven", matizó López. Durante el día se establecerán dos turnos, uno de mañana y otro de tarde, formados por seis o siete familiares de los usuarios. "Esperamos que se acerquen representantes de otras entidades", dijo López.

Así, se espera la visita de miembros de las otras cinco entidades (Atades Zaragoza, Atades Huesca, Aspace Zaragoza, Aspace Huesca y Adisciv) que configuran el Observatorio Aragonés de la Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral (OADI). Este organismo en conjunto reclama a la DGA y al INAEM el pago de 2 millones de euros desde el 2013 y, desde hace semanas, viene advirtiendo de que la situación podría abocar al cierre de residencias y centros de empleo.

Por parte de Adislaf no es la primera vez que se inicia un acto de estas características contra la DGA. Ya en el 2005, durante el mandato de Marcelino Iglesias al frente del Ejecutivo, cumplieron 35 días de encierro como reclamo de unas cuantías económicas al colectivo.

"Esperamos llegar lo antes posible a una solución", expresó el presidente. Desde ayer, un gran cartel a la entrada de la sede reza con la siguiente frase: La discapacidad intelectual contra los impagos de la DGA. A su lado, el número 1. Hoy le tocará el turno al 2. El contador ha empezado a correr. ¿Hasta cuándo?