El ámbito rural centra gran parte de los esfuerzos del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) en el combate de la violencia machista, ya que sus habitantes sufren la «doble discriminación», de su situación y de la mayor dificultad de acceso a los recursos sociales para combatirla. O, al menos, el mayor desconocimiento de los que tienen disponibles.
La directora del organismo, Natalia Salvo, incidió ayer en los problemas que sufren las víctimas en este ámbito, lo que están tratando de combatir con diversas campañas informativas y convenios con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Hasta el momento, expuso, han ofrecido 30 talleres en diversas comarcas, y han recibido «muchas solicitudes» para realizar más.
Las llamadas al teléfono del IAM también se realizan desde el ámbito rural, pero en un porcentaje que no parece reflejar la realidad. Por ejemplo, la asesoría jurídica recibió 207 desde las comarcas de las 661 totales, apenas un 31%.
Las diferencias de costumbres entre las ciudades y los pueblos tampoco ayudan en este ámbito. Es ilustrativo cómo, según explica el abogado coordinador del Servicio de Atención a la Mujer (SAM) en la provincia de Zaragoza, Antonio Muñoz, las víctimas no acuden a los recursos más cercanos por temor a ser la comidilla de sus vecinos.
«Es habitual que vayan a otro pueblo a buscar ayuda, por vergüenza de que les vean. Como la asesoría se ofrece en horarios y días determinados, en cabeceras de comarca o en ayuntamientos medianamente grandes, se pueden imaginar a qué acude quien va», explica.
En el ámbito rural, según el letrado, se da también un mayor porcentaje de víctimas inmigrantes, que son otro de los colectivos prioritarios para el IAM por las dificultades añadidas de la falta de red familiar en la que recabar apoyo.
