F. M. C. tiene 87 años. Hace tres años sufrió un ictus que le dejó paralizado medio cuerpo y ha ido perdiendo la razón hasta llegar a autolesionarse. En junio del 2011 se le reconoció el grado III nivel 1 de Dependencia (uno de los más elevados), por lo que le corresponde una prestación económica o servicio por ley. Sin embargo, acumula dos años y medio en una residencia pagada por su jubilación y la aportación de sus hijos. "Estábamos convencidos de que la ley era para cumplirla todos, pero se nos dice que no se le paga lo que se le debe porque no hay dinero. Ni el año pasado, ni el anterior, ni este, así que la ley puede incumplirse", lamentan sus hijos Toni y Montse Marcón.

La familia reprocha que, en cambio, "si una persona, autónomo o empresa carecen de ese mismo dinero por falta de ingresos, igual debe hacer frente a todos los impuestos que marca la ley", por lo que exponen que "en unos casos se aplica inquebrantablemente aún a riesgo de llevar a mucha gente al límite y en otros, como mi padre, se puede incumplir diciéndonos lo que los demás no tenemos derecho a decir: que no hay dinero".

Tras numerosas reclamaciones, Toni y Montse acudieron al Instituto de Servicios Sociales (IASS). "Nos dieron la razón y nos dijeron que es normal que estemos indignados, pero ningún argumento contrarrestando lo que decimos. No hay dinero, que si lo hay en un futuro se le pagará y que si queremos, denunciar".

Así, la familia esgrime que "solo te dejan dos salidas: irte de aquí o, si te quedas, no mantener o subvencionar económicamente un sistema que uno no cree completamente democrático" y exigen para su padre "lo que le corresponde por ley ahora que es cuando lo necesita, como a él se le exigió y cumplió durante muchísimos años de trabajo".