Dos juezas zaragozanas tienen sobre la mesa sendas querellas por presuntos casos de corrupción y maltrato animal relacionadas con la gestión de la Oficina Municipal de Protección Animal (OMPA) del Ayuntamiento de Zaragoza, más concretamente con el programa CES (Captura, Esterilización y Suelta) que se encarga de las colonias de gatos ferales (salvajes) en la capital aragonesa. Ambas denuncias han sido interpuestas por la Plataforma de Protección Felina, una asociación integrada por exvoluntarias de este servicio.
La primera de ellas, que acaba de ser admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, recoge fundamentalmente supuestos casos de maltrato animal a los gatos, fruto de la mala praxis del veterinario al que se le adjudicó el servicio. La asociación también denuncia pagos por esterilizaciones no realizadas, así como adjudicaciones de contratos menores o por obra a dedo, fundadas en una «red clientelar» de asociaciones y personas vinculadas a los responsables de la OMPA.
La gestión de este programa y de las colonias felinas ya estuvo en manos de la Fiscalía de Zaragoza a principios del año pasado, pero el ministerio público archivó la causa tras llevar a cabo los oportunos interrogatorios, al no ver «indicios objetivos» de malversación de caudales públicos.
QUEJAS
Concretamente, los hechos que analizó el ministerio público se remontaban a una reunión, a finales del 2016, en la que los responsables municipales del área habrían decidido suspender el programa CES ante las quejas por la supuesta mala praxis del veterinario. Aportaban mensajes en los que se aludía a que se estaban llevando a cabo «con cuentagotas». Pese a ello, en los meses siguientes se le pagaron facturas por 556 esterilizaciones de gatos, un número que la asociación denunciante consideraba inverosímil, tanto por tiempo como por tamaño de la clínica. De ahí se deducía que podría tratarse de facturas falsas. Sin embargo, los interrogados negaron que el proyecto se hubiera paralizado en la mencionada reunión. El veterinario afirmó (y lo ratificó a este diario) que la cifra era perfectamente creíble. Y que si es cierto que dos o tres gatos fueron atendidos luego en otras clínicas por infecciones (así lo refleja la querella), es una tasa «muy baja» para el volumen de operaciones realizado. Además, las capturadoras que participaron en el programa atestiguaron que sí trasladaron gatos.
Ante las contradicciones, la Fiscalía consideró que no había pruebas suficientes para abrir un proceso penal. Pero la asociación, con el asesoramiento del abogado Fernando Rodríguez Burgués, de Ilex Abogados, ha recabado nuevas pruebas y presentado de nuevo la querella ante el juzgado, que tras su admisión a trámite decidirá sobre la práctica de diligencias. A estas pesquisas se unen las que está llevando a cabo la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza. Estas se centran en varias adjudicaciones concretas de contratos de gestión felina, sospechosas bien por precio, por sede social de la empresa o por el carácter de la misma, para los denunciantes.
Los responsables municipales aseguraron que todas las licitaciones, tanto de contratos menores (de menos de 3.000 euros, sin necesidad legal de concurso) como mayores, fueron tramitadas teniendo en cuenta el bienestar animal y visadas por Intervención y la concejalía responsable, y negaron a este diario cualquier tipo de trato de favor hacia los adjudicatarios.
