Recuerdan que Santiago Lanzuela fue presidente de Aragón y Jordi Pujol, de Cataluña? ¿Les suena que Aznar gobernó en minoría apoyado por CiU y PNV y sin hablar de trasvases? ¿Y que el Atlético de Madrid ganó un doblete cuando Gustavo López comenzaba a deslumbrar en La Romareda? En esa época, a mediados de 1996, ninguno de los actuales miembros del Tribunal Constitucional formaba parte del mismo, pero el día que pisaron sus despachos ya estaba sobre la mesa un conflicto de competencias entre Cataluña y Aragón que continúa sin ser resuelto. Y lleva camino de seguir igual cuando comiencen a llegar sus sustitutos, catorce --o más-- años después.
La presidenta María Emilia Casas, el vicepresidente Guillermo Jiménez y el vocal Vicente Conde son los magistrados más veteranos del tribunal, al que accedieron en diciembre de 1998, y los que más tiempo extra acumulan. Cuando llegaron, llevaba casi medio año admitido a trámite el conflicto de competencias presentado por la Generalitat catalana contra la orden por la que la DGA se arrogó el derecho a recuperar, por la vía del tanteo, las obras de arte del monasterio de Sigena que acabaron en el Museo Nacional de Arte de Cataluña tras comprarlas esta comunidad.
TORMENTA ESTATUTARIA La instrucción del caso había finalizado antes de la aprobación de la reforma del Estatut catalán. Solo faltaba fijar fecha para que los jueces decidieran su fallo. Sin embargo, la tramitación quedó congelada al estallar la tormenta estatutaria.
En esta situación está otro asunto que afecta a Aragón: el recurso presentado por el Gobierno central contra la Ley de Archivos de Cataluña, aprobada en el 2001, por invadir su competencia y apropiarse del Archivo de la Corona. La DGA recurrió el Estatut en octubre del 2006 por motivos similares: la Generalitat integra en su red los llamados "fondos propios", se arroga una competencia ejecutiva sobre el conjunto y se otorga la preponderancia frente a Aragón, Baleares y Valencia.
La congelación no responde a una decisión arbitraria sino que se basa en motivos jurídicos: el nuevo Estatut modifica las competencias de la Generalitat en materia de patrimonio histórico, artístico y cultural, lo que hace que cualquier decisión sobre litigios pendientes deba posponerse a la criba o ratificación del texto. Si se ratifica en este aspecto, la estancia de los bienes de Sigena en Barcelona y la gestión catalana del Archivo quedarán blindadas.
El Constitucional ha dado un tratamiento diferente a los dos asuntos. Mientras la orden que permitiría recomprar las obras de Sigena continúa suspendida, el artículo que integra el Archivo de la Corona en la red catalana recobró su vigencia: el tribunal se la devolvió al considerar que el Abogado del Estado no especificó qué perjuicios de carácter irreparable podría causar su aplicación.
Sea como sea, una vez escampe la tormenta estatutaria, el tribunal deberá designar a los ponentes de los dos asuntos y deberán familiarizarse con ellos antes de llevar una propuesta de resolución a la sala. Si se cumplen los propósitos políticos de renovar el tribunal, el pleito por el archivo también será más viejo que cualquiera de los jueces: fue admitido en mayo del 2002 y, cuando en noviembre caduque el mandato de Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay, el juez más veterano --Jorge Rodríguez Zapata-- llevará siete meses menos que el legajo.
