No hay tregua entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza. La implantación de Magisterio en la Universidad privada de San Jorge (Villanueva de Gállego, al lado de Zaragoza) ha vuelto a levantar en armas a la institución académica, en el último capítulo de las continuas desavenencias con el Ejecutivo autonómico al que, en una medida inédita en Aragón, tiene previsto llevar a los tribunales por incumplir el acuerdo de financiación firmado con el anterior Gobierno en el 2011. Incluso el propio PP de Huesca y Teruel ha pregonado su rechazo a esta implantación.

La guerra se recrudece ahora al considerar el campus público que la autorización de la DGA para que la privada oferte tanto Magisterio de Infantil como de Primaria pone en serio peligro la viabilidad de sus campus periféricos, donde también se imparten ambos grados y donde la demanda ha decrecido considerablemente.

Todo empezó en el 2012, cuando el Gobierno de Aragón aprobó el nuevo acuerdo de programación universitaria que regulaba la programación de las enseñanzas universitarias oficiales de la comunidad para el periodo 2012-2015. El texto establecía que "la implantación de nuevas enseñanzas de grado no podrán suponer una duplicidad de las enseñanzas existentes en los centros universitarios de Huesca, Teruel y La Almunia".

NUEVO INTENTO

Antes, la Universidad San Jorge había recibido autorización para implantar en su campus Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que se ofertaba en Huesca, pero no Psicología, que también estaba en Teruel. El poco tiempo que llevaba implantada en la capital turolense y el peligro a que el trasvase de alumnos fuera importante fueron los motivos esgrimidos por el Gobierno aragonés para denegar la solicitud de la privada.

Sin embargo, posteriormente, se promulgó la ley de Garantía de Unidad de Mercado (2013) y, al amparo de ella, la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado emitió su informe de 25 de junio del 2014 advirtiendo de que la prohibición de que haya duplicidades de titulaciones establecida por el Gobierno de Aragón contravenía el artículo 5 de la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado. Lo hizo después de que la Universidad San Jorge recurriera a esta instancia tras la negativa de la DGA, en el 2013 con la antigua ley que prohibía las duplicidades todavía en vigor, a impartir Magisterio.

Ese informe y las consecuencias de la ley de Unidad de Mercado --también aplicable al ámbito educativo-- fueron analizados por la comisión de seguimiento de la programación universitaria en enero de este año; comisión en la que están representadas de las dos universidades aragonesas y a raíz de la que se tramitó la eliminación de la prohibición de duplicidades. Pero nunca se habló de Magisterio en particular, ni se avisó a la universidad pública de esta posibilidad, aunque la petición rechazada de la privada para impartir Magisterio ya presagiaba que la USJ iba a volver a la carga. Las reglas del juego habían cambiado.

Así, la Universidad San Jorge reactivó su petición y Educación dio el visto bueno tras analizar los números y descartar, según la consejera Dolores Serrat, que su aplicación en la privada ponga en riesgo la viabilidad de las carreras en los periféricos. "No tiene por qué afectar, a tenor del perfil de los alumnos y las características de los estudios. Se van a ofertar 60 plazas en Infantil y otras tantas en Primaria y son ofertas complementarias", inciden desde la Administración, que insiste en que la decisión aprobada hace unos días en Consejo de Gobierno es inamovible.

Pero el clamor crece en la pública y en Huesca y Teruel. Incluso los ayuntamientos de ambas localidades --regidos por el PP-- han mostrado su oposición a esta medida que se lleva a cabo a apenas unos días de las elecciones autonómicas y municipales. La batalla entre dos bandos también alcanza a los empresarios. Los zaragozanos aplauden el cambio y oscenses y turolenses ponen el grito en el cielo y avisan de que el impacto económico negativo para las ciudades será de millones de euros.

"Los planes de estudios presentados por la USJ son diferentes a los de la Universidad de Zaragoza y han recibido los informes favorables del Consejo de Universidades estatal, la Aneca y la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón", insisten desde la DGA. Pero la explicación no convence y Huesca y Teruel ya preparan movilizaciones multitudinarias en las que profesores, alumnos, políticos y agentes sociales exigirán la paralización de la autorización.