El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ponía ayer el acento en una de las problemáticas más preocupantes a la que se enfrentan las arcas municipales y que viene derivada desde que se decidió dividir el recibo del abastecimiento y el saneamiento. O, más concretamente, desde que se cambió su consideración de tasa a la de precio público que ahora gira la sociedad municipal Ecoicudad a los hogares. Este problema se llama morosidad. Una escalada de impagos que ha llevado a acumular en solo tres años más de 7 millones de euros sin cobrar en recibos impagados.

Solo en el último año, según explicó el conservador, han sido 1.561.516 euros y en el global de los últimos tres (Ecociudad asumió su recaudación en abril del 2014) son 7,8. Un dato que no aparece en ningún informe municipal -al menos tan explícitamente- y que llevó hace años a plantear al consistorio (en el primer ejercicio que cobraba la sociedad municipal) la posibilidad de hacerse con los servicios de una empresa privada especializadas en procedimientos de apremio y cobro de recibos impagados. Al servicio de la administración competente y con un coste en función de los impagos que consiguiera reducir.

La razón era la misma que atormenta a quienes gestionan las cuentas de la depuración en el ayuntamiento. La transformación de la tasa del saneamiento en un precio público conllevó la imposibilidad de actuar al ayuntamiento por la vía ejecutiva como sucede con otros impuestos, como el IBI o el de circulación. En estos, si no se abonan se pueden obtener ordenando el embargo o requiriendo la intervención de sus ingresos a otras administraciones. En este caso, al ser una sociedad anónima, aunque sea 100% de capital público, no puede ejercer esta posibilidad y solo le queda la vía de los tribunales.

La situación se agrava cuando quienes manejan las cuentas de Ecociudad deben decidir si es rentable económicamente actuar contra una familia morosa en el juzgado para un saldo pendiente que puede rondar los 50 o 60 euros anuales. Gastaría más dinero en costas judiciales que en recuperar lo no cobrado. Y, por tanto, el efecto es precisamente el de no atajar la sangría, la pérdida de ingresos.

Así que esa recaudación que no se recibe solo se puede asumir, según explicó el portavoz del PP, con unos ingresos globales que superan holgadamente las necesidades económicas que tiene el saneamiento. Y que justificarían que año tras año se cierre con ganancias el ejercicio contable. Si bien este margen se ha ido reduciendo. En el 2016, en más de un 20% con respecto al año anterior. Su ganancia neta pasó de 1,11 millones a 860.314,57 euros.