La urbanización de Arcosur se va a convertir en un pulso entre el Ayuntamiento de Zaragoza y las grandes promotoras inmobiliarias de la ciudad. Porque mientras las empresas aseguran que los problemas económicos del sector hacen "inviable" la ejecución de unas obras por la que se están pagando dos y tres millones de euros cada mes, y que hay que repensar los plazos o buscar soluciones como la construcción de 7.000 pisos más para tener financiación de los bancos, el consistorio va a mantener la única posición de fuerza que le queda: hacer valer los deseos de la asamblea de propietarios en mayo y acabar en junio los trabajos para dar los primeros 2.000 pisos.

Pero el problema es más grave. Se han abonado 80 de los 200 millones que cuestan las obras y, al margen de lo urgente, que es acabar las viviendas en construcción, nadie sabe cómo se van a poder pagar los otros 120. Los 25 millones son solo lo que corre prisa.

Esto se trasladará hoy al consejo rector y el 7 de noviembre en la convocatoria extraordinaria de la asamblea, mostrando el nuevo rumbo que quiere emprender el nuevo presidente de la junta de compensación, Manuel Asín, y las empresas que lo secundan: retrasar hasta diciembre del 2013 la finalización de los trabajos.

SIN MOTIVO "La actual presidencia ha planteado cambiar los ritmos de urbanización aprobados en febrero y por el 80% de la asamblea, en mayo. Y la operación de recambio se inicia en julio cuando no hay datos nuevos para cambiarlos", explicó el teniente de alcalde de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón ayer. Para él, terminar la urbanización "es el objetivo, al margen de cómo se gestionan los intereses, lícitos pero privados, de los promotores".

Por eso les instó, como administración tutelante, a cumplir y pagar para acabar la obra en plazo. "Debe ser el empeño de todos", dijo. Y no valen excusas. Ni siquiera la modificación del plan parcial que piden para alcanzar una densidad de 75 pisos por hectárea y no 46 como ahora, un objetivo que Anadón consideró "necesario" para todas las promociones, no solo Arcosur.

Pero este exige una modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón que puede retrasar todo más, cuando la DGA, que funciona "en long play, a 33 revoluciones por segundo", no da señales de vida pese a conocer el problema desde hace un mes. Y porque "un cambio de normativa no arregla los problemas acuciantes que tiene que atender la junta", dijo.

Aunque desconfió que sea "una situación caótica ni estructuralmente grave". Y si lo fuera, que la junta adopte medidas, pero el ayuntamiento "no es una entidad de crédito". Ibercaja sí lo es, pero Pérez Anadón no quiso valorar su abstención en la votación que llevó a Asín a la presidencia.

Mientras, fuentes del consejo admiten que hay que pensar en las posibles consecuencias de no conseguir la viabilidad económica del proyecto, el incumplimiento de los plazos de entrega. Pero insisten en trabajar para arbitrar una solución consensuada entre todas las partes afectadas, también los cooperativistas y propietarios de los pisos, el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón. "Los impagados han crecido en el último año un 20%. Y las empresas no tienen liquidez porque el mercado del crédito está cerrado. Frente a ello, solo se ha acabado un 35% de la urbanización", explicaron. Pero quieren dar solución a las 2.000 VPO. "La intención es focalizar las cuotas e inversiones en la zona y darle prioridad. Pero habrá que buscar soluciones técnicas", señalaron.