Un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción como el aplicado en Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ), la concesionaria del transporte urbano en la capital aragonesa, que ha dejado a 153 personas en la calle, se explica mejor con las condiciones que la nueva reforma laboral aprobada por el Partido Popular ofrece a la empresa. Así, a ella le ha salido más barato, más ágil e incluso ha permitido incluir en esa lista negra a mujeres que están embarazadas, sin riesgo de que se impugne el proceso. Y le ha permitido además situarse en la segunda posición del ránking de despidos colectivos más importantes en Aragón de esta nueva etapa que deja la reforma. Solo el ERE de la empresa Kimberly Clark, que acabó con 205 personas en el paro, supera la criba hecha por la concesionaria del autobús.

Por detrás de AUZ, según datos oficiales facilitados por el Departamento de Economía y Empleo de la DGA, se sitúan Master Distancia, con 138 despidos, Pikolín, con otros 130, y Prefabricados Tecnyconta, con 95. La diferencia es que de todas las empresas que ocupan este ránking de EREs, al menos entre estas cinco primeras, solo el de la concesionaria del bus se ha resuelto de una manera tan traumática.

Los grandes ajustes laborales aplicados en las empresas aragonesas desde la entrada en vigor de la reforma laboral del PP han seguido un camino muy distinto al del ERE de Autobuses Urbanos de Zaragoza. Ninguno de ellos ha llegado a ser tan conflictivo y en la mayoría se han alcanzado acuerdos entre la empresa y el comité sobre las condiciones de los despidos, en algunos casos con indemnizaciones muy generosas.

LOS OTROS CASOS

Uno de los recortes de plantilla más problemáticas se produjo el pasado junio en el fabricante de prefabricados de hormigón Tecnyconta, de Tauste. Pero las condiciones son muy distintas a las de AUZ, ya que esta empresa estaba en concurso de acreedores porque la prolongada crisis de la construcción acabó hundiendo su actividad. Aunque empresa y comité no alcanzaron tampoco un acuerdo sobre el ajuste y la indemnización fue la mínima (20 días), el número de despidos se redujo al menos de 120 a 95.

El mayor ERE de extinción aplicado en Aragón en los últimos tiempos es el de la multinacional Kimberly Clark, que cerró hace unos meses su fábrica de pañales de Calatayud dejando en la calle a 205 trabajadores. Eso sí, hubo un acuerdo entre las partes y las indemnizaciones por despido superaron ampliamente los 45 días por año, el que era antes el mínimo del despidos improcedente.

También en Pikolín se alcanzó un entendimiento entre la compañía y los trabajadores en su reciente ERE extintivo a pesar de las fuertes movilizaciones que hubo durante la negociación. De los 130 trabajadores que abandonaron las empresas, 89 lo hicieron por la vía de las prejubilaciones. Menos traumático que en el caso de la concesionaria del autobús de Zaragoza, donde solo se abrió un plazo para recibir peticiones voluntarias para causar baja en la empresa.