La Comisión Institucional de las Cortes sirvió ayer para tratar el fondo de la Ley de Custodia Compartida, los resultados de su aplicación, aunque el consejero de Justicia advirtió de que el Gobierno no dispone de datos actualizados sobre su implantación, al estar pendientes de los últimos registros del Consejo General del Poder Judicial. Los últimos conocidos reflejan una aplicación aproximada del 50% --en abril del año pasado-- en Aragón, el 35% en Zaragoza, que desciende al 21% si la separación llega al juzgado.

Bermúdez de Castro se mostró partidario de que sean las Cortes las que creen una ponencia que siga la evolución de los resultados de la aplicación de la ley, pero a propuesta de varios de los representantes de los grupos --Carlos Tomás, del PSOE y Alfredo Boné, del PAR, principalmente--, se mostró partidario de crear un observatorio que analice los resultados de la norma. Siempre que las Cortes así lo aprueben.

Patricia Luquin y Nieves Ibeas, portavoces de IU y CHA, respectivamente, mantuvieron una actitud beligerante con la ley, apoyadas en reclamaciones de asociaciones como Custodia en Positivo, integrada por madres divorciadas aragonesas. Luquin aseguró que con la ley "no se tiene en cuenta el interés del menor". También criticó que a la hora de tramitarla --a iniciativa del PAR-- "primó hacer una ley rápido, se quisieron apuntar el tanto de ser pioneros". Solicitó por todo ello un cambio en la legislación

Ibeas, por su parte, criticó la falta de medios, admitida por el consejero, porque "en menores no se pueden aparcar los problemas", en referencia a los retrasos para resolver procesos y situaciones familiares complejas.

INFORMES El consejero rechazó las críticas a la ley, que calificó de "positiva y necesaria", y enmarcó las sentencias nombradas por las dos portavoces en los "casos puntuales". "No opino de las sentencias judiciales, el panorama que presentan es discutible, a mí también se me han quejado unos cuantos conocidos por ellas", añadió.

Sí defendió el trabajo de los psicólogos, de los que aseguró que elaboran "una media de seis informes al mes, no los hacen a peso". Por ello, instó a no criticar el trabajo de "los profesionales", cuyos informes, en cualquier caso, "no son vinculantes" para el juez, como recordó.