Claudia Cabeza, asesora jurídica de Plaza, y que entró a trabajar en la sociedad en el 2008 relató cómo se funcionaba durante los años investigados por la Justicia. Admitió que durante un "lapso de tiempo" no llegaron informes de Intervención, pero que ella no dijo nada porque acaba de llegar y era "una becaria". Sí admitió que había "un poco de desorganización", y que la relación con el gerente "tampoco era buena". "El papel de los técnicos igual no era lo riguroso que debiera", subrayó.

Hacía estas declaraciones con la perspectiva del tiempo. Ahora ya no es la becaria, sino la máxima responsable de la asesoría jurídica, junto a los servicios del Gobierno de Aragón. Puso en duda el papel del anterior gerente, Ricardo García Becerril, al que le "podías decir --que había irregularidades--, pero no hacía caso. Veías que el montante de una obra subía y se acumulaban los millones...".

De hecho le consta que sus compañeros de trabajo "le dijeron al gerente, esto así o así, y no hacía caso", contó. Es decir, que entre el personal de Plaza se sabía que se estaban produciendo irregularidades, que se trasladaron, según Cabeza, a Becerril, pero que este hizo caso omiso. A nadie se le ocurrió llevar el caso a los juzgados, ni ponerlo en conocimiento del Gobierno de Aragón. Ella no lo hizo, dijo, porque no detectó ilegalidades, por su poca experiencia en aquel entonces.