El 45% de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Zaragoza fueron otorgadas por la concesión directa, según el informe de la Cámara de Cuentas. Este procedimiento es el menos recomendado para las instituciones públicas. Además, de ellas, el 67% no cumplieron los requisitos que justifican esta forma de ser otorgadas. Además, "no queda acreditada la singularidad de los beneficiarios que justifique la no aplicación del procedimiento en concurrencia competitiva".

En este apartado de análisis de las subvenciones, se indica que "las convocatorias, con carácter general, no especifican la forma de puntuar los criterios de valoración de las solicitudes que posibiliten el determinar la cuantía individualizada de las subvenciones, limitando el principio de objetividad y transparencia en el reparto de subvenciones". También señala entre las conclusiones que los procedimientos de concesión y justificación de las subvenciones gestionadas por las sociedades Zaragoza Cultural y Zaragoza Vivienda, "no se ajustan a los requisitos regulados en la Ley General de Subvenciones", sancionada en el 2003.

Otro aspecto que cuestiona el órgano fiscalizador es que se anticipe el pago del 80% de la subvención concedida, cuando la Ley General de Subvenciones concibe el pago anticipado "como una figura excepcional, siendo la regla general la realización de la actividad previamente al cobro de la subvención". Asimismo, señala que la cuenta justificativa del 40% de las subvenciones fiscalizadas no contiene "la totalidad de las facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente del gasto de la actividad subvencionada". El 30% no incluye "la documentación soporte del pago efectivo de la totalidad de los gastos" y otro 30% "contiene algún gasto no subvencionable".

Hay otros aspectos menores que cuestionan la política municipal de subvenciones, como el hecho de que en el 67% del total de los expedientes analizados no se acredita que los beneficiarios no estén incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, y en el 36% de los casos, tampoco se acredita al recibir el anticipo que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Relativo a los contratos, detecta incidencias en las distintas fases del procedimiento que afectan "al cumplimiento de la legalidad contractual vigente". Entre ellas, "una insuficiente justificación de la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir mediante los contratos, así como la idoneidad de u objeto y contenido para satisfacerlas, ya que se realiza una referencia genérica e imprecisa". También, que "con carácter general se observan incumplimientos del plazo de ejecución por demora, que evidencian un deficiente seguimiento del contrato".

Destaca el informe que no se han imputado al presupuesto de gastos "obligaciones correspondientes a bienes, servicios y obras devengados o recibidos por el Ayuntamiento de Zaragoza" por importe de 158,1 millones, de los que 21 corresponden a ejercicios anteriores al 2011, que es el fiscalizado.