El Parque del Agua de Zaragoza arrastra una larga retahíla de irregularidades que marcan el pasado, presente y futuro de la mayor zona verde de la ciudad. Todas ellas están recogidas en el escandaloso informe elaborado desde la sociedad municipal ZgZ@Desarrollo Expo en el que se evidencia que nueve de las 31 concesiones no solo no pagan el canon desde hace años (algunas no lo han hecho nunca), sino que suman en su historial embargos que pesan sobre la misma por impagos a la Seguridad Social, subarriendos ilegales que los pliegos no permitían, trabajadores que llevan seis meses sin cobrar y obras que nunca se abonaron a los proveedores.
Eso, aderezado con la certeza de que algunas de estas irregularidades eran bien conocidas por los anteriores responsables de esta sociedad en el Gobierno de Juan Alberto Belloch. Y que ahora, bajo el mandato de Zaragoza en Común (ZeC) y con el titular de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, a los mandos del parque y las riberas del Ebro, salen a la luz con todo lujo de detalles. ¿Ejercicio de transparencia o, como denunciaba el PSOE en el consejo de administración de la sociedad --celebrado ayer--, "caza de brujas" contra el gerente, Alberto Ipas, y la gestión anterior?
Todos los casos polémicos que azotan las cuentas de esta sociedad están plasmados en un completo informe que hizo público Rivarés, y que deja tras de sí una complicada resolución. Porque el consistorio, además de no cobrar los cánones de explotación, no les puede rescindir el contrato por la inversión millonaria que estas empresas hicieron, y que se expone a tener que devolver en concepto de indemnización si lo recurren a los tribunales y estos les dieran la razón.
Un laberinto que tiene especial interés en negocios como Las Playas, paradigma de cómo ha degenerado el modelo concesional. Este negocio se adjudicó en el 2008 a una firma "vinculada al popular gimnasio Dreams", expuso el edil, que acabaron vendiéndolo a su actual gestor. En el informe se detalla que dicen haber invertido "500.000 euros" aunque "parece exagerado". Y que se le fijó un canon de 11.000 euros anuales "que nunca ha pagado". Por su deuda, 72.440,89 euros, se le dio un ultimátum el año pasado para que abonaran 32.000 euros en el 2015 y otros tantos en el 2016. De los primeros solo desembolsó 3.000 y en este ejercicio ni se le espera.
Pero lo más llamativo, según Rivarés, es el "posible subarriendo ilegal" que realizó en el año 2009 a otra empresa a la que le pedía "278.000 euros más IVA" por la explotación de su negocio, algo que prohibía expresamente la concesión y que podría acabar llevando el ayuntamiento "a los tribunales". Sobre todo porque hay una entidad que reclama el aval de 134.000 euros que ese inquilino depositó en su día.
Ahora la carga financiera es elevada, requiere de obras por valor de "entre 200.000 y 300.000 euros" y su rescate para explotarlas como piscina pública no es aconsejable porque "sería muy deficitaria". Los técnicos proponen "dar un ultimátum de 30 días" para que abone su deuda y, si no lo hace, rescindir el contrato. Aunque admiten que lo aconsejable es "preparar todo para el otoño".
Otro de los negocios que le sigue en cuanto a gravedad es el de los campos de fútbol y pádel de la empresa Fútbol es Nuestra Vida, que aterrizó en el Parque del Agua en el 2011 de la mano de un grupo inglés que invirtió 20 millones de euros en sus instalaciones.
Zaragoza formaba parte de una red de diez centros en España que no cuajó y el negocio acabó en manos de uno de sus proveedores de la obra --"lo vendió o lo permutó", dice el informe-- que tenía un grupo de empresas que tienen deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que ha derivado en el embargo de esta concesión del Parque del Agua por parte de la Tesorería General.
Así que no haber pagado nunca su canon al ayuntamiento, al que le adeuda 300.000 euros --aunque tiene en depósito los 70.000 que puso como aval--, es el menor de sus problemas. De hecho, los técnicos abogan por una "solución pactada". Ya se intentó, ofreciéndoles 1,1 millones por dejar las instalaciones para licitarlas y que el nuevo adjudicatario asumiera la cuantía. Pero no cuajó al final.
A la par se encuentra el spa y el campo de golf, ambos de la empresa Z'08 Agua & Ocio, en liquidación y con otra firma, Funchal Investment, dispuesta a quedárselos. Un juzgado de Madrid consiguió colocarlos al cuarto intento en subasta pública y esta propone asumir los salarios atrasados de sus 56 empleados, que llevan casi seis meses sin cobrar. Pese a que ambos, con 1.950 y 250 socios, respectivamente, siguen funcionando. Al ayuntamiento le adeuda 1,85 millones del canon que ahora pide rebajar a 8.500 euros al mes.
A pocos metros está el quiosco Acueducto, adjudicado en el 2008 a la empresa Geexpark, que encargó su construcción a Winterra pero no le pagó los "entre 400.000 y 550.000 euros" que costó. Nunca ha abonado los 3.205 euros de canon anual, su deuda asciende a 20.000 y jamás llegó a abrir. "Lleva 8 años cerrado pero no está vandalizado. Dentro vive un mendigo que hace las funciones de seguridad", reza el informe. Pero ahora la reversión puede salir cara.
Al otro extremo del parque está el Club de Hípica. Adeuda dos años de canon, 20.000 euros, introduce camiones de gran tonelaje en el parque que dañan la infraestructura porque superan el máximo permitido y su licencia no le permite que los 18 caballos pernocten pero ahora lo hacen porque la DGA le concedió un permiso. Su viabilidad se estima complicada si no se da un giro a la explotación o se autoriza actividades prohibidas como la venta o el pupilaje.
Otro de los negocios conflictivos está en Vadorrey, en la ribera del Ebro junto al embarcadero. Es El Puerto, un quiosco adjudicado a la empresa Un Tenedor, que invirtió 323.000 euros para su puesta en funcionamiento como negocio de hostelería. No ha hecho la zona infantil contigua que prometió --valorada en 12.000 euros--; no tiene licencia de funcionamiento por no cumplir el aislamiento acústico, lo que le ha generado quejas vecinales, además de otros problemas por superar el aforo en fiestas o hacerlas sin permiso; y acumula una deuda de 76.124 euros por no pagar el canon. Sus dueños este año ya no abrirán. La solución pasa por que otros la asuman y reducirles la cuota a 8.000 euros anuales.
Abaratar un 50% del canon es una de las soluciones a futuro, aunque Rivarés ayer descartara que pueda generar un efecto llamada entre los que sí pagan.
