El caso paraísos comenzó a investigarse en el 2014 para tratar de averiguar si los viajes del exvicepresidente socialista de la DGA, Carlos Escó, y del constructor Agapito Iglesias, a Panamá, Colombia, Guatemala, Reino Unido o Ecuador fueron, supuestamente, para blanquear dinero ilícito procedente del caso pagarés por unos sobrecostes millonarios en la construcción de 119 naves en Plaza. Una sospecha que saltó a raíz de un informe de la Policía, aunque ahora podría perder toda su validez, tras la absolución de los procesados por parte del Tribunal Supremo en la asunto que dio origen a la instrucción.

De hecho, desde la defensa de Escó, su letrado, Juan Monclús, ya ha solicitado el archivo del conocido como caso paraísos «tras la importantísima novedad» que conlleva el fallo del Supremo, cuyos magistrados entendieron que Escó, Agapito y el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, no cometieron un delito de malversación de caudales públicos por el que sí fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza. Por tanto, el abogado de Escó resalta que «no existe acreditada actividad delictiva alguna ni siquiera indiciariamente» y que todo apunta al «empecinamiento» de la DGA en «formular acusaciones contra Escó por motivos espurios», además de señalar que seis causas penales y una civil por supuesta corrupción en Plaza han sido archivadas o los denunciados absueltos. Entre ellos no está el asunto principal, el caso saqueo por presunta malversación de 150,5 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza.

La decisión de seguir con la instrucción o de sobreseerla antes de escuchar al otro de los imputados -el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez Cervantes- está en manos de la juez Soledad Alejandre.

OTRO JUICIO / El juicio del caso aulario contra Agapito Iglesias por presentar, supuestamente, una factura de 2 millones de euros por trabajos ficticios ya tiene fecha. La Audiencia de Zaragoza ha señalado la vista oral para los días 8, 9 y 10 del próximo enero. Entre los miembros del tribunal que le juzguen estará el exalcalde de Zaragoza y ahora magistrado, Juan Alberto Belloch, y por la sala de vistas tendrán que pasar a testificar todos los exmiembros del consejo de administración de Plaza. Otro asunto cuyo estado procesal sigue siendo una incógnita es el de una denuncia que la DGA anunció contra Agapito por más sobrecostes, pero de la que no hay novedad.