Con los actos festivos e institucionales que se celebran hoy, una efeméride destaca por encima de otras, y es el décimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón. Lo que iba a ser una reforma del Estatuto vigente, de 1982 con dos posteriores reformas en 1994 y 1996 pasó a convertirse de facto en un nuevo texto, una nueva ley orgánica que amplió considerablemente las competencias del anterior y equiparó el nivel de autogobierno de la comunidad autónoma con aquellas que fueron de la vía rápida, como Cataluña o Galicia.
El número de competencias exclusivas se amplió de 41 a 59 y se mantuvieron los derechos históricos y el reconocimiento de Aragón como nacionalidad histórica. Esta ley orgánica fue aprobada por todos los grupos salvo la abstención de CHA, que consideró poco ambicioso el texto final, considerando que podía haberse elevado el techo competencial y haber definido de forma más precisa la financiación y el nivel de inversión del Estado. Porque ese punto es uno de los asuntos que no se resolvió de forma definitiva, ya que se establecieron criterios «a ponderar», sin establecer una cuantía o porcentaje determinado, como sí tienen otros estatutos como el catalán o el valenciano. A pesar de su crítica, CHA ha defendido el texto durante esta década, exigiendo su aplicación. De hecho, el principal problema de este Estatuto es que apenas ha tenido desarrollo competencial.
Los ponentes trabajaron durante un largo año para llegar a acuerdos. De hecho, el consenso fue muy elevado, a pesar de que participaron fuerzas políticas tan distintas entre sí como el Partido Popular, el PSOE o Izquierda Unida.
