Más de 20.000 empleos directos perdidos y otros tantos indirectos. Pérdidas económicas de más de 4.000 millones de euros. Y el final de denominaciones de origen como Rioja, de las hortalizas de la ribera o de la potencia frutícola de Aragón en el eje del Ebro. Estas son solo algunas de las consecuencias que tendría en el entorno del valle del Ebro un accidente grave en la estación de Garoña, un siniestro similar al sucedido en Fukushima y que ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la seguridad de las nucleares. Estas conclusiones se desprenden de un estudio elaborado por el Instituto Meteorológico de Austria y que enarbola una plataforma de la que también forma parte el propio Ayuntamiento de Zaragoza para que Garoña deje de funcionar el 6 de julio de 2013, tal y como acordó en su día el anterior Gobierno central, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y evitar que se llegue a producir la prórroga de funcionamiento hasta el 2019 que propugna el actual Gobierno.

El teniente de alcalde de Educación, Cultura y Medio Ambiente, Jerónimo Blasco, presentó ayer el manifiesto que suscriben organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecología y Desarrollo y que está firmado por él mismo, en respuesta a sendas mociones aprobadas por el consistorio de la capital para pedir el cierre de Garoña el próximo año.

Para ello, se han unido destacados activistas antinucleares de los años 70, además de organizaciones ecologistas y partidos políticos --Chunta acudió también al acto--. Una comisión de trabajo, liderada por el ecologista Mario Gaviria, ejercerá de grupo de presión para crear una corriente de opinión en líderes económicos, como los responsables de las denominaciones de origen de Cariñena, Rioja y Campo de Borja, con la industria agroalimentaria de Navarra, ganaderos y comunidades de regantes.

CONSENSO En este sentido, Blasco apostó por conseguir "unanimidades políticas" y se mostró convencido de que con la "unión política y social se puede ganar esta batalla", ya que "el riesgo de un accidente es inasumible".

Los argumentos que manejan para reclamar el cierre son numerosos. El principal, según el responsable de Energía de Greenpeace, Carlos Bravo, que Garoña "está fuera de la normativa porque se construyó para 25 años y lleva 41 funcionando", con lo que está "completamente amortizada". De este modo, explicó, la central no podría soportar un terremoto como el de Lorca. Este tuvo una magnitud de 5 grados en la escala Richter y 0,36 si se mide la aceleración horizontal de la gravedad. Garoña, detalló, está construida para soportar una intensidad de 0,10.

Tampoco resistiría la rotura de la presa del embalse del Ebro, que tiene 550 hectómetros cúbicos de capacidad, y, ante un fallo eléctrico, la fusión del nucleo comenzaría en ocho horas.

Según los modelos realizados en Viena, un accidente grave en el reactor contaminaría el agua con la que se abastecen más de un millón de personas. También habría una emisión de radiaciones que convertiría a Miranda de Ebro, Vitoria y Bilbao en las localidades más afectadas y, en menor medida, a Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza.

Pero, además, inciden los firmantes del manifiesto, un accidente de nivel siete provocaría "efectos catastróficos" en la agricultura y la agroindustria del valle de Ebro, con 100.000 hectáreas de riego --a través de los canales de Lodosa, Canal Imperial, canal de Tauste y acequias derivadas del río, así como bombeos desde el Ebro hasta ambas márgenes-- que quedarían inutilizadas y que tienen un valor económico de 4.000 millones de euros.