El mercado laboral aragonés no es precisamente el más precarizado de España, pero la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría tener una clara repercusión en más de 100.000 aragoneses. En concreto, en el mes de junio de este año había 102.700 temporales en la comunidad, es decir, el 22,6% del total de trabajadores asalariados (454.000 personas). Así lo refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del 2016, que también detalla que en el sector privado aragonés se concentran 80.800 personas con contratos no estables mientras que en el público la cifra baja hasta los 21.900 empleados.
Cada vez son más los contratos eventuales o de jornada parcial, una tendencia que se ha impuesto en el mercado laboral aragonés, al igual que en el del resto de España, como consecuencia de las sucesivas reformas laborales aprobadas (la última, la del PP en el 2012). Y el dato del primer semestre del año así lo corrobora. En la comunidad aragonesa se firmaron 270.000 contratos durante ese periodo, de los cuales solo 24.000 fueron indefinidos, es decir menos del 9% frente a los 246.000 temporales. No obstante, estos últimos afectan solo 102.700, ya que se firmaron 2,06 contratos por cada persona.
A nivel nacional, el mayor aumento de los contratos eventuales hace que la tasa de temporalidad (proporción de asalariados temporales dentro del colectivo de asalariados) se haya incrementado hasta el 26,2%, un punto y medio porcentual más que un año antes. Sin embargo, es una proporción que aún está lejana del 29,3% que, por ejemplo, se registró en el tercer trimestre de 2008.
CONSECUENCIAS SIN DEFINIR
La pregunta ahora es ¿cómo afectará la sentencia a esos trabajadores? Fuentes del Gobierno de Aragón apuntaron ayer que la sentencia "se va a analizar con detalle y con toda la atención posible para determinar cuáles son las consecuencias". En este sentido, la administración autonómica se vería implicada por la interinidad en sectores como en educación y sanidad, según recuerda la secretaria de Formación y Empleo de UGT en Aragón, Pura Huerta, que considera que el impacto, tanto en el sector público como en el privado en Aragón será "muy relevante".
No opina lo mismo la patronal aragonesa, que considera que la sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no afecta "en nada" a la empresa privada, solo a la administración pública. Al menos así lo consideró el presidente de la CREA, Fernando Callizo, junto a su homólogo en Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, en la firma de un convenio con el Ejecutivo autonómico para impulsar la internacionalización en Aragón.
"La afección es nula porque ya existe posibilidad en el sector privado", dijo Callizo en alusión a la conversión de contratos temporales a indefinidos en las empresas.
ABIERTOS A NEGOCIAR
UGT y CCOO apostaron ayer por "pelear" esta sentencia ya que supone "equiparar e igualar" los derechos de los trabajadores, al tiempo que puede ser una forma de dotar de estabilidad en el empleo. En este sentido, Pura Huerta recalcó la necesidad de hablar con las organizaciones empresariales y con las administraciones para tratar de alcanzar un "acuerdo lógico". A este respecto, recordó que la proporción de personal interino en la DGA ronda el 30% en la sanidad y en la educación.
