El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que el "objetivo prioritario" del Gobierno ante la crecida del Ebro es agilizar la tramitación de las ayudas y subvenciones para dar cobertura a las personas afectadas, que se contendrán en un real decreto que se aprobará el viernes.

Antes de sobrevolar la zona afectada, el ministro precisó que el real decreto contemplará especialmente la "extraordinaria singularidad" de la provincia de Zaragoza, que se ha visto especialmente afectada por la riada.

Por su parte, la DGA también aprobará un decreto con medidas para que la "situación patrimonial" de los afectados "vuelva a ser la que era antes de las riadas", dijo la presidenta del ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi. Entre esas medidas, se tendrán en cuenta especialmente los bienes de las explotaciones agropecuarias "que no son susceptibles de ser aseguradas".

Además, el real decreto del gobierno central incluirá la reparación de daños en infraestructuras públicas a través de la empresa pública estatal Tragsa, añadió Rudi. También explicó que se va a analizar la posible "excepción puntual de alguna normativa medioambiental" para poder acometer actuaciones en el cauce del Ebro.

Rudi aseguró que en el Gobierno de Aragón son "conscientes" de que se tardará en evaluar los daños producidos por esta avenida extraordinaria, ya que el agua "va a tardar en irse", puesto que debido a las riadas anteriores la tierra está muy mojada y tiene poca capacidad de absorción.

Ante las quejas de algunos habitantes de las poblaciones ribereñas, que creen que han sufrido desatención por parte de las instituciones, la presidenta aragonesa recordó que, "por desgracia", la evolución de los ríos y la hidrología "no es una ciencia exacta".

La máxima responsable del Ejecutivo aseguró que el Gobierno de Aragón ha estado dando "información en tiempo real" a los ayuntamientos.