La línea 1 del tranvía no hace parada en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, pero sus obras --valoradas en 400 millones de euros-- están en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, Nicolasa García. A petición de la Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza, la magistrada solicitó ayer seis bloques de documentación que afectan a la legalización de estos trabajos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al concurso por el que la gestión acabó en manos de la UTE Acciona-FCC, a la creación de una sociedad mixta para explotar el servicio, y a la facturación de obras que estarían cobradas, pero sin ejecutar.

Según pudo saber EL PERIÓDICO, la instrucción de este asunto gira en torno a la supuesta comisión de cuatro delitos muy específicos: prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y delitos continuados relativos a la ordenación del territorio. Desde el mes de mayo, el ministerio público estaría estudiando el contenido de una querella que fue presentada por un particular.

2,3 MILLONES

Uno de los puntos que están bajo sospecha está cifrado en 2,3 millones de euros (IVA incluido) que corresponderían a obras que fueron validadas por técnicos, es decir, certificadas y cobradas, pero no llegaron a realizarse. Entre ellas destaca el traslado de la fuente de la plaza Paraíso, valorada en casi 500.000 euros, si bien, finalmente, se construyó otra nueva cuyo coste fue de poco más de 100.000 euros. Al parecer, la obra cobrada no sería esta de menor importe, sino como si se hubiera realizado el proyecto inicial.

En la plaza España pudo ocurrir algo parecido. Se proyectó desplazar la fuente de los Mártires con un presupuesto de unos 200.000 euros, pero no se hizo y se cobró igualmente. En este mismo emplazamiento estuvo pensado hacer unos cambios en la salida y entrada del aparcamiento situado en dicha zona, cuyo coste inicial alcanzaba los 124.000 euros, si bien, aunque no se ejecutó, se incluyó en los presupuestos con el importe de más de 108.000 euros.

La Fiscalía también quiere saber qué paso en las cocheras del tranvía en Parque Goya. En los planos se proyectó la construcción de una estación de servicios, estimada en unos 510.000 euros, pero posteriormente sufrió unas modificaciones cuyo coste ascendió a más de 700.000 euros.

Derivado de ello, Anticorrupción también estudia el tipo de contratación utilizada, puesto que, presuntamente, no cumpliría la Ley de Contratos de gestión de Servicios Públicos para la concesión de obras públicas, dado que la red del tranvía iba a discurrir, en su mayor parte, por la superficie de vías públicas urbanas.

Por contra se realizó el sistema denominado como ajuste alzado o as built, por el que ayuntamiento y contratista fijaron unos precios que, aunque haya modificaciones sobre el proyecto inicial, la factura final no varía. No baja pero nunca sube.

PGOU

Otro de los aspectos que se está investigando está relacionado con el plan de ordenación que daría validez a esta obra. Estas mismas fuentes apuntan a que el tranvía podría no estar autorizado puesto que ni el PGOU del 2001 ni algunas refundiciones realizadas en años posteriores. La normativa establece la exigencia de la revisión del PGOU, pero más aún porque afectó a la carretera N-330 y a otras actuaciones correspondientes a los planes parciales ya existentes de Valdespartera, Actur - Parque Goya, la ordenación del paseo Independencia y Coso.