El fiscal superior de Aragón, José María Rivera, se reunirá próximamente con los representantes de Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (Adevif) en la comunidad, que acaban de formalizar su inscripción en el registro de colectivos autorizados por Consumo. El ministerio público ha abierto diligencias informativas sobre estas tramas en las que, aparentemente, actuarían financistas privados en connivencia con algunos notarios. Lo hace tras el interés que ha despertado el tema, en los últimos meses, en políticos, jueces, notarios y asociaciones de consumidores. Según la asociación --no hay estadísticas disgregadas-- este tipo de estafa podría estar detrás de hasta el 30% de los desahucios de particulares.

Adevif, constituida por el andorrano Rafael Pozo, nació hace unos años con vocación nacional, pero para facilitar la protección de los asociados en cada territorio ha comenzado a inscribir filiales regionales, hasta ahora en Valencia y Aragón. Su campaña de concienciación ha llegado a las Cortes de Aragón, a la DGA --en una reunión con Consumo-- y, ahora, a la Fiscalía.

Los tribunales han sido hasta ahora un obstáculo para las víctimas, que en la mayor parte de los casos ignoraban que hubiese más casos como el suyo. Y los jueces han optado mayoritariamente por archivarlos porque, de no verse como conjunto, los asuntos en su mayoría carecen de prueba más allá del testimonio de la víctima. Con eso es con los que cuentan los presuntos estafadores, cuyo máximo exponente es el empresario Antonio Arroyo Arroyo, que cuenta con cientos de denuncias en toda España, algunas también en Aragón.

'MODUS OPERANDI'

El esquema de actuación de estas tramas, con ligeras variantes, comienza con un préstamo privado, al que las víctimas recurren por estrecheces económicas que el banco no quiere o no puede aliviar. Al no obtener crédito por vía normal, acuden a estos chiringuitos financieros, que les ofrecen dinero fácil con un plazo de devolución corto --normalmente seis meses-- y con un interés que roza la usura, pero aparentemente asumible.

El problema, y ahí es donde entraría la estafa, es que ni siquiera les llegan a dar lo que les ofrecen. En la notaría firman la entrega de más dinero del que les dan, unas veces con engaño y otras con la promesa de que se lo darán un poco más adelante. Como garantía, sabiéndolo o no, han puesto su casa.

De esta forma, cuando se agota el plazo, rara vez han podido reunir no ya los intereses que firmaron, sino los que creían haber pactado. En algunas ocasiones, el prestamista ni siquiera está en el lugar donde figuraba su sede, de forma que aunque tengan el dinero no pueden devolverlo.

Es entonces cuando el presunto estafador ejercita la opción por la casa puesta como aval, y la subasta o compra a un precio ridículo. En el otro lado de la balanza, el estafado pierde su vivienda por poquísimo dinero. Y para colmo de males, en muchos casos el impago sigue corriendo con unos intereses de demora incluso del 29%, generando deudas millonarias que no se cubren ni con la vivienda.

Sin embargo, lo que llega al juez es un documento firmado en condiciones quizá injustas, pero aceptadas como contrato privado con el firmante. Y solo cuenta con su palabra de que lo firmado no es lo acordado, lo que en un proceso penal no sostiene abierto un caso. En otras vías, el aumento de la protección al consumidor que ordena Europa ha ido permitiendo anular las cláusulas abusivas, pero en este tipo de contratos Estrasburgo todavía no ha entrado con la contundencia necesaria.