La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha abierto diligencias para investigar la posible existencia de un delito de administración desleal en la concesión de una pensión vitalicia de 169.000 euros brutos anuales por parte de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI, hoy integrada en Ibercaja Banco tras formar parte de Caja3) a su exdirector general adjunto, Juan Antonio García Toledo. La cuantía total de la ayuda posempleo asciende a 2,3 millones de euros, de los que su mujer, en caso de enviudar, cobraría el 50% no consumido de ese capital.

El ministerio público ha iniciado las pesquisas tras remitirle la Fiscalía Anticorrupción el expediente que abrió al recibir una denuncia que ponía sobre la mesa la comisión de varias presuntas irregularidades en la gestión de la caja de ahorros aragonesa.

Anticorrupción trasladó el tema a Zaragoza por no cumplir el asunto, ni por la cuantía supuestamente defraudada ni por aparecer indicios de la existencia de alguna trama criminal, los requisitos necesarios para que asumiera la investigación.

La Fiscalía zaragozana, tras un primer estudio de las actuaciones, ha enviado a CAI un requerimiento en el que le ordena la entrega de varios documentos.

DOCUMENTACIÓN Entre ellos se encuentran el contrato de García Toledo como director general adjunto, las modificaciones de las que este pudiera haber sido objeto tras acceder a ese cargo a finales del 2008 y las actas de la comisión de retribuciones de la caja, de su consejo de administración y de las asambleas en las que se hubiera tratado la asignación de esa pensión, así como otros testimonios relacionados con el asunto.

García Toledo, abogado del Estado en Excedencia, entró en la asesoría jurídica de la CAI en 1990. Dos años después era nombrado subdirector de la entidad y en el 2006 era designado subdirector general, cargo desde el que, a finales del 2008 y con el apoyo del entonces director general, Tomás García Montes, ascendió a adjunto de este.

García Montes, imputado en unas diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza tras la querella presentada por la CAI --la caja le acusa de haberse lucrado con el cargo--, fue destituido por el consejo de administración de la entidad el 15 de diciembre del 2009 --aunque con efectos del día 31 de ese mes-- en una votación que cosechó 14 votos a favor del cese, uno en contra y una abstención.

García Toledo dejó la CAI dos años después que su mentor, al prejubilarse el 26 de noviembre del 2011. Fue entonces cuando comenzó a recibir la prestación posempleo que la Fiscalía está investigando.

Antes de eso, en diciembre del 2010, fue nombrado secretario del consejo de administración de Caja3, la entidad resultante de la integración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada con Caja Badajoz y con la castellana Caja Círculo.

CARGOS Conservó el cargo hasta la absorción de Caja3 por Ibercaja, formalizada el pasado jueves, y tras haber sido secretario accidental del consejo del embrión del nuevo banco.

Hace unas semanas dejó también su puesto en el Consejo Consultivo de la DGA --presidía la Comisión Jurídica Asesora desde 1996--, aunque sigue siendo consejero de algunas empresas en las que participa CAI.

Su cese como miembro del Consejo Consultivo, que se produjo la semana pasada a petición propia, según informó el Gobierno de Aragón, causó sorpresa en medios económicos y jurídicos de la comunidad autónoma.