La futura ley del alcohol, cuyo informe para sentar las bases de su aprobación se aprobó la semana pasada por parte de la Comisión Mixta, obligará a revisar las ordenanzas municipales relativas al consumo de bebidas alcohólicas, así como las sanciones previstas actualmente. Al tratarse de una ley estatal, de rango superior, su entrada en vigor le haría prevalecer sobre la normativa municipal.
La ley que quiere aprobar el Gobierno de España, entre otras cosas, propone ilegalizar el botellón, las happy hours (descuentos en bebidas a ciertas horas) en los establecimientos y sancionar a los padres. En Zaragoza, el botellón como tal está permitido siempre y cuando no se incumplan algunas de las cuestiones que recoge la ordenanza aprobada en el 2014, que modificó la anterior de la limpieza.
Concretamente, esta dice que se prohíben las reuniones o concentraciones en la vía pública con ingesta de bebidas alcohólicas «cuando con esta actividad impida o dificulte la circulación rodada o el tránsito peatonal por las mismas, se perturbe la tranquilidad ciudadana o el derecho al descanso de los vecinos». Estos casos se considera infracciones leves y se sancionan, según la ordenanza, con multas de entre 50 y 250 euros.
También se contempla prohibición del botellón cuando, durante la celebración del mismo, «se genere una alteración de las condiciones ambientales por el abandono indiscriminado, fuera de los contenedores, de residuos». Es decir, se juzga el hecho de dejar restos de basura procedentes del botellón, pero no el hecho en sí de beber en la calle. Por lo tanto, si los jóvenes o menores recogen los residuos y no molestan no incumplen la ordenanza.
Además, esta especifica que «no será de aplicación esta prohibición cuando las referidas reuniones o concentraciones hayan sido expresamente autorizadas por el ayuntamiento».
Fuentes del consistorio de la capital reconocieron que «los servicios jurídicos tendrán que valorar» de qué forma afecta la futura ley. «Siempre se deja cierto margen para que las ciudades regulen o se hagan especificaciones al respecto. Habrá que esperar a que haya un documento firme», añadieron.
El documento subraya que la futura ley debe tener un carácter «educativo y pedagógico» y pide que se sancione a los padres de los menores que beban. Este es el punto que, a priori, más controversia genera entre pedagogos, familias e incluso partidos políticos, que han hecho alegaciones al documento base aprobado. De hecho, se apunta a la enseñanza como la clave para cambiar la situación.
Los últimos datos de consumo de alcohol por menores señalan que estos empiezan a beber a los 13,9 años de media, dos meses más tarde que en el 2014, según el Plan Nacional sobre Drogas. El objetivo es lograr retrasar la edad de inicio a los 18 años.
Ley de espectáculos / Por su parte, fuentes del Gobierno de Aragón precisaron a este diario que «en principio» el decreto que regula la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias «no se vería afectado» por la norma estatal del alcohol, ya que está «está muy dirigida» al consumo de bebidas alcohólicas, mientras que el decreto como tal se ciñe a regular los accesos de menores a espectáculos.
De hecho, la DGA siempre ha dejado claro que el decreto, que permite la entrada libre de los mayores de 16 años a estas actividades, quiere desvincular la errónea asociación de la asistencia o participación a estas con el consumo de alcohol, tabaco u otras sustancias, cuya venta está prohibida a los menores de edad.
Por último, la propuesta quiere endurecer las medidas contra los locales que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, entre las que se incluye el cierre de estos establecimientos. También la publicidad en televisión de marcas de este tipo de bebidas se pide que se establezca fuera del horario infantil y restringir sus patrocinios.
