La educación concertada fue la protagonista secundaria del pleno de ayer en las Cortes en el que se votó la ley de presupuestos. Ante los continuos reproches por parte de los partidos del centro derecha, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, se vio obligado a precisar los planes pactados por el Ejecutivo con Podemos como condición para el trámite. «Algunas cuestiones se han intentado introducir en este debate para generar confusión», aseguró tras acusarles de acogerse a los argumentos de la concertada porque «es lo que toca».
Gimeno insistió en que todo lo presupuestado en estos apartados se gastará «según lo previsto». Y sobre el cierre de aulas, respondió por la continuidad de los trabajadores. «Ninguno de los docentes de la concertada se quedará en casa, eso ya se ha garantizado», indicó ante las dudas de la oposición.
Y aprovechó para decir que en los gobiernos del PP la concertada solía estar poco dotada, algo que les obligaba a «insertar fondos sobre la marcha». Por ese motivo, pidió que no se creen «imágenes de lo que no va a ocurrir» y pidió que no se hable con «sectarismo».
El portavoz del PP en cuestiones de Hacienda, Antonio Suárez, puso en duda que la DGA pueda garantizar empleos para los trabajadores de los colegios que se cierren. «Convoquen mañana a los profesores para decirles que tienen el trabajo asegurado, pues están todos muy preocupados con la situación», retó al Ejecutivo.
Suárez también se enzarzó duramente con el portavoz socialista, Javier Sada, que seguía el debate desde su escaño. El motivo fue la equiparación por parte del popular de la concertada con la «educación de calidad», algo que provocó un sonoro reproche por parte de Sada. «Yo he tenido la educación en un centro público y estoy muy orgulloso», se vio obligado a rectificar Suárez.
