El estudio del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat de Cataluña que contempla usar el canal Segarra-Garrigues como fuente de abstecimiento para Cataluña también contempla la opción de que Lérida sea el «granero» de la comunidad y permita, con esta agua de la cuenca del Ebro crear una gran «biorregión alimentaria», como un plan «ambicioso a nivel europeo y dentro de una estrategia alimentaria para Cataluña».

El informe plantea el déficit que tiene una Cataluña superpoblada y con recursos escasos, y contempla esta infraestructura como una solución: «Las previsiones existentes sobre el futuro de la producción de alimentos a escala internacional alertan con claridad sobre la proximidad de una nueva crisis alimentaria a escala global. Es este sentido, la función del conjunto del Canal Segarra-Garrigues como infraestructura de apoyo a la producción agroalimentaria, que contribuyera a incrementar el nivel de seguridad alimentaria del país es y tiene que seguir siendo estratégica (hay que tener en cuenta que el Segarra-Garrigues es una pieza más del conjunto de elementos que en todo el país deberían contribuir a aumentar este nivel de seguridad: los grandes secanos, la horticultura costera, los regadíos de pozo...» Para dotar de más caudal estas pretensiones nacionalistas, los expertos del informe contemplan la opción de enlazar el canal Segarra-Garrigues con el de Urgell, también en la cuenca del Ebro. De hecho, no descartan la creación de una red de interconexiones para garantizar el futuro de abastecimiento de Cataluña. Eso sí, olvidando que la creación del canal tuvo como único y exclusivo uso el de agua para riego. De hecho, insiste en que el proyecto de regadío para esta área de Lérida «no puede desvincularse del modelo de producción agroalimentaria para Cataluña».

Cuestiona la rentabilidad del agua para riego y del mismo proyecto inicial del canal, porque «no garantiza la renta agraria» y sugiere otros usos y aprovechamientos, desde energéticos a turísticos. Los expertos consideran que el agua del canal permitiría aumentar la soberanía alimentaria de Cataluña, actualmente con un déficit absoluto, puesto que cubre un 40% de las necesidades, y llegaría, con el canal, al 60%. Asimismo, proponen distintas tarifas según los usos, incluso el diferencial de cota entre el canal de Urgell y el de Segarra-Garrigues. Plantean tarifas más caras para los usos industriales que para los agrícolas, lo que contribuiría, aseguran, a un ahorro en las mejoras y el mantenimiento del canal.

Si el informe apuntaba a un consorcio con la CHE a la hora de garantizar un caudal para cuencas ajenas a la del Ebro, no contempla ningun acuerdo con el Estado para definir esta biorregión alimentaria catalana, y lo haría únicamente «la administración de la Generalitat» que además modificaría y plantearía los usos futuros de este canal, que no es de titularidad catalana.