Zaragoza lidera en Aragón un debate que en otros territorios ya está muy avanzado e incluso se han dado pasos al frente. La eficacia de tener externalizados determinados servicios públicos, el ahorro de los costes y el riesgo de la funcionarización de personal que no ha accedido a plaza a través de una oposición están en el fondo de una discusión política que, a nivel técnico, no es sencillo de ejecutar. La gestión directa es una apuesta de formaciones de izquierda que repercutirá en el aumento de las plantillas municipales.

Pero esa no es la duda. Esta es si rescatar esas funciones va en beneficio de la ciudadanía. Si sale más barato para la Administración sacar la prestación de la puja entre empresas que también han rebajado sus precios o solo renunciar a pagar un beneficio empresarial ya es suficiente premio; o si esa decisión debe y puede ir acompañada de la subrogación de todo el personal que ahora lo presta con una firma privada.

Absorber servicio y plantilla como un todo indisoluble genera conflictos en el debate político. Por dos motivos: las condiciones laborales y económicas no siempre son las mismas para el trabajador si es funcionario o si trabaja para una empresa privada, aunque realicen el mismo trabajo; y el ahorro a corto plazo puede derivar en un encarecimiento no calculado por los derechos adquiridos que cualquier personal laboral que trabaja para la Administración, en buena lógica, merece y quizá reclame.

¿Por qué no habría que sacar a concurso público las plazas del personal necesario para asumir la gestión de un servicio? Porque eso se traduciría en despidos dentro de la plantilla actual que la empresa que lo presta ahora. Aunque fuera el mismo número de trabajadores los que contrate la Administración para cubrirlo, si no son esas personas, se hablará de despidos. Y ese es un peaje difícil de asumir. Mientras, se buscan fórmulas jurídicamente viables: como contratar personal laboral fijo no indefinido a través de sociedades públicas.