Con ayuntamientos como el de Zaragoza esperando a que el Gobierno central modifique la ley que regula el impuesto de plusvalía y con abogados expertos en la materia y asociaciones de consumidores animando a paralizar administrativamente el cobro, el contribuyente debe escoger cómo gestionar su situación particular en este compás de espera. Saber qué hacer y, sobre todo, poder hacerlo (económicamente), es clave para administrar el auténtico efecto llamada que están generando los fallos judiciales que respaldan lo injusto del tributo en estos momentos. Vencer el miedo a iniciar un litigio o intentar ganarle el pulso a la ventanilla municipal es crucial, no solo para no pagar, sino para anticiparse a lo que puede estar por venir.
El letrado zaragozano Santiago Palazón explicó ayer a este diario que la solución adoptada para Guipuzcoa, que modificó la ley foral que regula este impuesto, es la misma que otros ayuntamientos están pidiendo para el resto de ciudades españolas. Un cambio normativo que, entre sus novedades, incorpora la no retroactividad en su aplicación. De manera que si esta misma semana el Ejecutivo central decidiera imitarla, ningún recibo que no se haya recurrido, bien haciéndolo constar en los registros municipales o en el juzgado, tendrían posibilidad de recuperarse. Una condición que, en plena negociación por los Presupuestos Generales del Estado (PGE), nadie en Madrid se planteó anular recurriendo el cambio normativo. Y si se hace extensible, serán miles de familias las perjudicadas en todo el país. También en Aragón y en Zaragoza.
«Que digan quién ha podido ganar dinero con una venta en los últimos años, en los que la crisis se ha llevado por delante propiedades de muchas familias que no han tenido más opción que desprenderse de ellas, vender a pérdidas», argumenta Palazón.
De manera que urge actuar, desde el punto de vista del contribuyente, mientras los ayuntamientos están casi obligados a soportar la embestida de quienes reclaman por lo injusto del tributo. De hecho, la batalla no siempre se libra en los tribunales, que también se ven venir el colapso por la cantidad de casos que se están abriendo en la actualidad. La primera opción es la ventanilla municipal y ahí ya hay gatera por la que colarse.
Según Palazón, lo que se encuentra cualquier zaragozano hoy al ir a reclamar es la «imposibilidad de presentar una autoliquidación a cero». Al ir al servicio de recaudación, la opción que le concede el consistorio es una liquidación propuesta por el propio ayuntamiento en base a los datos que este tiene, generando un recibo ante el que el contribuyente tiene la opción de recurrir en un plazo máximo de un mes. Si no lo hace, será firme. Pase lo que pase después del cambio legislativo. Con la autoliquidación, es el ciudadano el que propone la cifra, que es cero, y la administración local la que dispone de un plazo para rebatirla, en este caso «hasta cuatro año, algo que ya es desproporcionado comparado con la otra opción».
Pero el problema surge cuando esa autoliquidación a cero no se acepta en la ventanilla. Lejos de la discrepancia, la complicación real surge porque esta propuesta no sale sellada del consistorio y, sin eso, ni el comprador ni el banco que conceda la hipoteca podrá acceder al Registro de la Propiedad. De manera que pone en peligro toda la operación de venta.
El 10% de todo el año
«La solución pasa por presentar esa liquidación a cero en otra vía administrativa, como la Delegación del Gobierno o la DGA, para que le llegue indirectamente al consistorio», explica palazón. Así, asegura que ya ha conseguido el sello para autoliquidaciones a cero por parte del ayuntamiento, y seguirá insistiendo por esa vía para que la ventanilla no sea una traba más para el ciudadano.
Frente a eso, solo queda agarrarse al interés colectivo al que parece agarrarse el consistorio. La pérdida de ingresos que eso puede generar para su presupuesto, el roto en la planificación de proyectos y programas que se sostienen con una previsión de recaudación que caería y sin margen de reacción. En Zaragoza, representa el 10% del dinero disponible en todo el año, un motivo más creíble para no suspender el cobro.
