La ley con la que el Gobierno integrará el consorcio en el Salud ha provocado severas críticas por parte de sindicatos y oposición, pero también desde los propios trabajadores, tanto del CASAR como de la Administración. Es el caso de alrededor de 71 profesionales sanitarios fijos del hospital de Jaca, que no pasarán al Salud como estatutarios pese a que obtuvieron sus plazas mediante convocatorias que, según CSIF, "cumplían con las garantías que regula el Estatuto Básico de los Empleados Públicos" realizadas cuando el centro se configuró como consorcio. Por contra, la treintena de empleados del consorcio que accedió tras superar una oposición del Ayuntamiento de Jaca sí podrán acceder a la condición de personal estatutario a través de un proceso interno.
Pero la fórmula ideada por Sanidad tampoco cuenta con el aplauso unánime de los trabajadores del Salud. Así, el colectivo Salud Cinco Villas, integrado por trabajadores estatutarios y funcionarios fijos, interinos y temporales, mostró su oposición a que el personal del consorcio se integre mediante contrato laboral indefinido a extinguir. "Esa consideración blinda las plazas del consorcio hasta la jubilación o renuncia del personal que actualmente las ocupa, impidiendo el acceso a dichas plazas ni por Oferta Pública de Empleo, ni por concurso de traslados, ni por listas de contratación" y reclamaron que esas plazas sean ofertadas mediante la lista de méritos de contratación del Salud, con un llamamiento público al que puedan acceder todos aquellos profesionales que en este momento se encuentran activos en dicha lista, "dotando así a las plazas categoría de Estatutario Temporal a la espera de una Oferta Pública de Empleo y concurso de traslados".
PELIGRO
La "judicialización mediante una ley" de la integración se considera "peligrosa" por parte de los sindicatos, que creen que esta fórmula deja la "puerta abierta" a otros procesos de integración en Aragón y en otras comunidades. Es el caso de CCOO, que no cree "justificada" el "blindaje" de plazas podría ser "inconstitucional" por "vulnerar los derechos de los trabajadores", pero que un juez lo dictamine no es sencillo.
De momento, el principal partido de la oposición, el PSOE, votará en contra de la ley porque "cerrará las puertas a seguir con la Atención Especializada en estas comarcas" y advierte de la "guerra sindical" entre personal del Salud y del Casar que, para el portavoz Eduardo Alonso, "no debería existir porque cada uno tiene sus derechos". Para él, cuando el personal del Casar accedió a trabajar "ya sabía que era en esas comarcas bajo la tutela de hospitales de referencia".
Por su parte, el sindicato médico Cemsatse prevé un "aluvión" de recursos individuales y ya ha programado una concentración de protesta que se celebrará la próxima semana.
