Desafiando la precariedad de apoyos parlamentarios, el Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado con los que espera concitar en el último momento los votos que permitan a esta legislatura echar a andar y dar esquinazo a un eventual adelanto de elecciones que el presidente Mariano Rajoy quiere evitar a toda costa.

«Es un proyecto de Presupuestos que sirve para alimentar el crecimiento económico y del empleo, que pone el énfasis en el gasto social, y que apuesta por el empleo público estable y por los servicios públicos de calidad», resumió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Es un programa de política económica para que las administraciones puedan cumplir sus objetivos de déficit y para que España salga del procedimiento de déficit excesivo en el 2018» y poder dejar atrás la férrea vigilancia de la Comisión Europea y de sus famosos hombres de negro.

Pasar de un déficit del 4,33% del PIB registrado en el 2016 al 3,1% previsto para el 2017 conlleva un ajuste de unos 14.200 millones. El proyecto de Presupuestos incorpora medidas por casi 10.000 millones en forma de una subida del impuesto de sociedades de 4.650 millones para las grandes empresas (acordado con el PSOE en diciembre pasado) y de un recorte del gasto de 5.057 millones respecto al presupuesto inicial del 2016 (si se compara con el cierre presupuestario hay 1.614 millones más).

Después de dos años de descensos, en el 2017 vuelven a subir los impuestos: el de sociedades y, desde el 2 de diciembre pasado, los de tabaco y alcohol (desde el 2 de diciembre pasado). Con ayuda de estas subidas fiscales y del crecimiento económico, el Gobierno confía en que la recaudación tributaria crecerá con fuerza en el 2017 (el 7,9%) hasta lograr los 200.963 millones de euros, un nivel similar al del 2007. «Hemos empleado una década en volver a recaudar lo mismo», se dolió el ministro.

El Gobierno también se había comprometido ante Bruselas a crear impuestos medioambientales y una tasa sobre las bebidas azucaradas. Este compromiso, de momento, se ha guardado en el cajón.

MENOS CRECIMIENTO, MÁS EMPLEO / Si se cumplen las previsiones del Gobierno, en el 2018 el déficit ya se situará por debajo del 3% (el objetivo es el 2,2%) y España saldrá por fin del procedimiento de déficit excesivo (PDE), en el que se zambulló en el 2008.

El Gobierno de Rajoy deja para ese momento decisiones como un nuevo recorte del IRPF, la rebaja del IVA del cine o una mayor subida de los sueldos de los funcionarios (este año solo subirán el 1%) con las que encarar las siguientes elecciones.

El presupuesto del 2017 se ha construido sobre la base de un cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento de la economía española del 2,5% (el 3,2% en el 2016) y una reducción de la tasa de paro hasta el 16,6% de la población activa a finales del 2017.

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA / Tras la aprobación del proyecto de ley, los Presupuestos deben pasar su prueba de fuego en el Congreso de los Diputados, adonde llegarán el martes.

El Gobierno ya ha sellado un acuerdo presupuestario con Ciudadanos, que se atribuye haber arrancado al Ejecutivo compromisos de gasto social y productivo por importe de 4.087 millones. Entre estos compromisos se incluye la bajada del 21% al 10% del IVA de los espectáculos en directo del (teatro, conciertos, danza y corridas de toros, pero no al cine).

También, la ampliación a 12 meses de la tarifa plana de autónomos, la ampliación en dos semanas del permiso de paternidad, un complemento salarial de 400 euros para jóvenes menores de 30 años, un plan contra la pobreza infantil o un nuevo sistema de cheques de formación para políticas activas de empleo.