Las nuevas previsiones macroeconómicas que el Gobierno en funciones va a enviar a Bruselas en el marco del Programa de Estabilidad 2016-2019 contemplan un déficit público del 3,6% del producto interior bruto (PIB) para este año y del 2,9% para 2017, en lugar del 2,8% y el 1,4% previstos en el programa anterior. Así lo anunció ayer el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas del nuevo Programa de Estabilidad.

En la práctica, las nuevas previsiones implican que la Comisión Europea aceptaría retrasar un año, hasta el 2017, el objetivo de situar el déficit público por debajo del objetivo del 3% después de que en el 2015 se hubiera disparado hasta el 5%.

Los nuevos objetivos de déficit han sido "comentados" con la autoridades europeas, según dijo De Guindos a su llegada al Congreso de los Diputados. También apuntó que han sido adoptados en "coordinación, no negociación" con la autoridades europeas; "están hablados", subrayó.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro, Valdis Dombrovskis, no obstante, matizó después que "ninguna decisión está tomada" sobre una posible prórroga a España y avisó de que Bruselas no se posicionará hasta el mes de mayo. "Estoy al tanto con lo publicado en la prensa en España, pero déjenme reiterar que ninguna decisión está tomada en lo que se refiere a España, Portugal o cualquier otro Estado miembro. Se tomará más adelante, en mayo", declaró Dombrovskis en una rueda de prensa en Bruselas.

De Guindos apreció, sin embargo, que "ya no existe esa obsesión por el déficit" en Bruselas, donde la prioridad se sitúa ahora en el crecimiento y el empleo. Según el ministro "la nueva senda nos permitirá reducir el déficit sin poner en peligro el ritmo de crecimiento ya conseguido".

El ministro también indicó que el mayor margen de déficit para este año de ocho décimas (8.640 millones) se repartirá entre el Estado y las comunidades autónomas. "Intentaremos ser lo más equitativos posible", dijo De Guindos, antes de remitirse a las negociaciones bilaterales anunciadas por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, con cada comunidad. Según De Guindos, también se repartirá entre Estado y autonomías el ajuste necesario para, en todo caso, corregir el déficit desde el 5% del PIB anotado en el 2015 hasta el 3,6% previsto ahora para el 2016.

AJUSTE ADICIONAL En la práctica, pasar de un déficit del 5% en el 2015 a otro del 3,6% en el 2016 conlleva la necesidad de un ajuste de 1,4 puntos de PIB (unos 15.120 millones). El ministro explicó que alrededor de un punto del ajuste podría lograrse por la inercia del ciclo económico y la existencia de algunos gastos que no volverán a producirse este año, tal como ha calculado la Autoridad Fiscal Independiente. Restaría así la necesidad de adoptar medidas que permitan un ajuste adicional de entre 0,4 y 0,5 puntos de PIB (unos 5.000 millones) ya sea por la vía de los gastos (recortes) o de los ingresos (subidas de impuestos) en cualquiera de las administraciones públicas (Estado, autonomías, Seguridad Social o ayuntamientos). Para reducir el déficit público desde el 5% del 2015 al 3,6% programado ahora para el 2016, el Gobierno en funciones aprobó un recorte de gasto por 2.000 millones en los Presupuestos.

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, se ha dirigido por carta a las comunidades autónomas que el año pasado incumplieron su objetivo (todas menos tres) para que adopten recortes presupuestarios (el ministro habla de "acuerdos de no disponibilidad") con carácter urgente. La mayoría de responsables autonómicos se ha rebelado frente a esta exigencia por considerar que nuevos recortes afectarían a la prestación de servicios sociales.