El ofrecimiento de que en una eventual Cataluña independiente los ciudadanos de las zonas fronterizas aragonesas podrían optar a la nacionalidad catalana realizado por el consejero de Justicia del Ejecutivo de Mas, Germà Gordó, ha recibido el rechazo unánime de los grupos políticos aragoneses. Además, consideran acertada, rápida y contundente la respuesta lanzada por el Gobierno de Aragón a través de la carta de Javier Lambán.
La portavoz adjunta del PP en las Cortes de Aragón, Marián Orós, consideró que la propuesta es "un insulto" al pueblo aragonés y afirmó desde su grupo político no van a consentir "bajo ningún concepto" este tipo de declaraciones.
El diputado por Teruel de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, consideró la afirmación como algo "fuera de lugar". "Las palabras del consejero son una forma de generar problemas en lugares en los que no existen", afirmó.
El secretario de Vertebración Territorial de CHA, Gregorio Briz, también encontró fuera de lugar la propuesta catalana. "Creemos que ha cometido un error, el ofrecimiento es una intromisión gratuita en la política aragonesa que no genera ningún beneficio para el debate", destacó. Además, lamentó que este tipo de declaraciones fuera de lugar solo sirven para "aumentar una lista de agravios que juega en su contra".
Para la portavoz de Izquierda Unida, Patricia Luquin, esta salida de tono "es una más de las que desde Cataluña suelen pronunciar de forma periódica". La formación de izquierdas considera que llega un momento "en el que produce hartazgo" la falta de conocimiento de la realidad aragonesa en las zonas limítrofes con Cataluña que muestran los dirigentes nacionalistas. El líder de Podemos en Aragón, Pablo Echenique, afirmó que Gordó pretende "captar la atención desviándola de lo importante, igual que hacen los trolls de internet". Desde el PSOE Javier Sada lamentó y rechazó las declaraciones. "Son una muestra de nacionalismo prepotente que demuestran un desconocimiento alarmante de la historia", afirmó. La respuestas lanzada por Lambán en forma de carta ha sido bien recibida en general por todos los grupos. "Ha sido una reacción correcta: el Ejecutivo tiene la obligación de velar por todos los aragoneses", confirmó Luquin.
