En las últimas horas de ayer, cada ministerio del Gobierno ya había identificado cuáles son sus áreas «simétricas» en la Administración catalana, cual si de un espejo se tratara, de cara a la asunción de sus tareas tras la DUI y posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución.

La Vicepresidencia y la Consejería de Economía y Hacienda de Oriol Junqueras encuentran su reflejo sobre todo en el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro y también, en parte, sobre el de Economía de Luis de Guindos. Este último podría asumir la tutela sobre el Instituto Catalán de Finanzas, la Dirección General de Política Financiera, Seguros y Tesoro, la de Promoción Económica, Competencia y Regulación, la de Análisis de la Economía y el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

El resto de áreas, las de mayor peso político, replican las propias del Ministerio de Montoro, que asumiría la tutela sobre el presupuesto y los impuestos, además del control sobre los funcionarios y sobre la administración digital de la Generalitat.

Desde el 15 de septiembre, mucho antes de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, el Ministerio de Hacienda ya mantiene intervenidas de facto las cuentas de la Generalitat por una doble vía. Por una parte asumió el control de la caja para atender pagos por el equivalente al 80% de los ingresos de la Generalitat (provenientes del sistema de financiación autonómica). Por otra, dictó el cierre anticipado del presupuesto autonómico impidiendo al Govern la adopción de nuevos compromisos de gasto hasta fin de año.

Tras la aprobación por el Senado del 155, Hacienda puede asumir, además, las siguientes funciones:

Control de la recaudación. Control sobre el 20% del presupuesto sobre el que aún no ejerce autorización previa, que está vinculado a la recaudación de impuestos propios y cedidos. En este bloque, el objetivo es doble: que ningún gasto se destine a fines secesionistas y que ningún dinero público sea depositado en una cuenta distinta de la del Tesoro.

El temor fundamental es que tras la DUI, la Generalitat pretenda desviar los ingresos provenientes de impuestos propios y cedidos a una cuenta propia fuera del control del Tesoro. Para frenar esta vía se prevé implicar a las entidades financieras -como ya se hizo para el pago de proveedores y funcionarios-, dando por hecho que todos los contribuyentes pagan sus impuestos (de cualquier tipo) a través de oficinas bancarias.

Neutralizar la ATC. En este punto no se prevé el desmantelamiento de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), una estructura administrativa que ya existe en otras comunidades autónomas, ayuntamientos o diputaciones. El objetivo es frenar su posible utilización con fines secesionistas y ejercer un control pleno sobre los ingresos recaudados y sobre los datos de los contribuyentes.

El Gobierno cuenta con que los contribuyentes catalanes -personas físicas y jurídicas- no atenderán una posible llamada para dejar de pagar impuestos en el Estado y hacerlo en la comunidad autónoma habida cuenta de que -según ha advertido Hacienda- eso provocaría el despliegue del procedimiento de comprobación, inspección y recaudación ejecutiva de la Agencia Tributaria.

Hasta el momento, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) no ha detectado ninguna eficacia en algunos llamamientos secesionistas para promover un avalancha de peticiones de aplazamiento en el pago del IVA. Tampoco se ha detectado el más mínimo incumplimiento en la obligación de la Agencia Tributaria Cataluña (ATC) de ingresar en la agencia estatal los impuestos recaudados en las empresas públicas catalanas, ni siquiera tras el vencimiento del plazo trimestral del pasado día 20 de octubre, según aseguran fuentes de absoluta solvencia.

Prórroga del presupuesto. Al amparo del artículo 155 de la Constitución, el Ministerio de Hacienda también prevé gestionar la prórroga del actual presupuesto de la Generalitat al 2018 bajo criterio de «Gobierno en funciones» -se asegura-, atendiendo la gestión administrativa y el pago de los servicios públicos «sin adoptar decisiones políticas», se insiste.