El Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) se la juega a todo o nada con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Según aseguró ayer su portavoz y responsable de las finanzas municipales, Fernando Rivarés, o se llega a un acuerdo con el PSOE para gravar con el coeficiente diferenciado --el no residencial-- a 480 grandes empresas comerciales e industriales más, o la ordenanza fiscal se quedará como está perpetrando un encarecimiento en el recibo del 5% para todas las viviendas de la capital aragonesa. Le dio 48 horas para decidirse. Un órdago que consiste en que o los socialistas acceden a recaudar 2,8 millones de euros más con firmas con inmuebles valorados en 800.000 euros o más, o dejar intacto el texto que estos aprobaron en el 2015 votando con el PP y Ciudadanos (C’s), y en contra de ZeC.
Inesperado el giro que da a una negociación que se antojaba más sencilla esta vez. No tanto porque ZeC y PSOE estén más proclives al entendimiento sino porque se había logrado dar con la fórmula que evitaba la subida del 5% lineal para la gran mayoría de los 502.240 inmuebles que tiene Zaragoza, especialmente las viviendas más baratas. Ahora la discusión se centra en un 0,27% de ellos, explicó Rivarés, el que representan los 1.378 edificios valorados en 800.000 euros o más. Ahora el límite está fijado en un millón y solo se incluyen 898.
ACUERDO CON CHA
Este es el escenario que deja el Gobierno de ZeC tras su reunión celebrada ayer en la que se presentaba su propuesta de ordenanzas fiscales para el 2017 «acordadas con CHA» y con el «unico disenso», según Rivarés, del IBI diferenciado para gravar más a las grandes firmas comerciales e industriales. O al menos a las que habitan en los inmuebles más caros de la ciudad.
Una especie de ultimátum ante el que el grupo municipal socialista reaccionó mostrando su «sorpresa» y asegurando que ZeC «ha roto unilateralmente una negociación que podía llegar a buen puerto e iba a ser buena para los zaragozanos». Aunque apostilló que van a «intentar seguir negociando hasta el último momento para parar esta subida del IBI y, si eso no es posible, el PSOE se compromete con todos los zaragozanos a evitar que se les suba el recibo». Eso solo pasaría, como adelantó el portavoz del PP, Jorge Azcón, por presentar cuanto antes una proposición no normativa sobre este tributo que se modifique desde la oposición. Es decir, votar de nuevo juntos. «Si luego no la tramita el Gobierno, será responsabilidad suya», añadió el concejal popular.
El conservador le pedía a los socialistas que «no cedan al chantaje» de ZeC, que «no se baje de la moderación» a la que se subió el año pasado votando con ellos y con C’s. Además le recordó su compromiso del 2015 por el que aseguraba que no permitiría en los próximos cuatro años que subiera la presión fiscal. Solo juntos tienen la llave para impedirlo. O que al menos no quede atisbo de duda de que no lo intentan.
ZeC, por su parte, dejó muy claro ayer porque no está dispuesto a modificar solo el coeficiente residencial, el de las viviendas, bonificando lo necesario para congelar el recibo. Primero dijo Rivarés que «no se puede abrir solo ese debate», sin incluir el IBI comercial e industrial. Aunque no es correcto, la normativa sí lo permite. A continuación apuntó al factor clave: «¿Y la recaudación?». Para el Gobierno municipal, sin los casi tres millones adicionales de las grandes empresas no es posible destinar 2,8 millones a ayudas para pagar impuestos para las familias más necesitadas, ni para hacer más políticas sociales ni para mejorar la calidad de los servicios.
«Habrá menos dinero para todo», lamentó el responsable de las finanzas, que llegó a reconocer que si modifica la ordenanza sin acordarlo con el PSOE perdería la votación en el pleno y la oposición le daría la vuelta a su propuesta en la fase de enmiendas. Sin cambios del Gobierno, estas ya no son posibles. Y el recibo subirá. ¿Por culpa de quién? Que lo diga el ciudadano.
Así que en las próximas 48 horas se dilucidará el próximo recibo del IBI. Un impuesto que, por otro lado, ya tiene garantizada la posibilidad de fraccionar los recibos en nueve pagos y de reeditar las ayudas a las familias con menos recursos para hacerle frente descontando el 50% de la cuantía. Pero las consecuencias de la discusión son imprevisibles. Igual hasta afecta al IAE y la revisión del callejero fiscal.
