El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, garantizó hoy, en el Pleno de las Cortes, que Renfe está comprometida a dar salida a toda la demanda de plazas de AVE desde Aragón, y aseguró que las obras de la segunda estación empezarán este año y habrá precios especiales para medias distancias.

El portavoz de CHA, Chesús Bernal, preguntó al jefe del Ejecutivo, en la sesión de control al Gobierno del Pleno de las Cortes por la "discriminación" que padecen los viajeros aragoneses a la hora de obtener plazas con destino y origen en Zaragoza en el servicio que presta el AVE Madrid-Barcelona.

Según el diputado, Renfe establece una reserva de plazas para el trayecto completo y para potenciar la filosofía de "llegar y viajar" y eso implica que muchos de algunos ciudadano aragoneses no pueden comprar billete con destino u origen en Zaragoza cuando los trenes pasan con butacas vacías por la comunidad.

Iglesias estimó que el hecho de que tres ciudades aragonesas tengan AVE "no es una discriminación", porque las oportunidades que abre para Aragón la conexión con las dos grandes capitales son "excepcionales".

La puesta en servicio del AVE entre Madrid y Barcelona ha supuesto que haya 2.217 nuevas plazas para ir a Madrid y 5.121 para ir a Barcelona. Además, cuando se disponga materialmente de los trenes que presten el servicio, se pondrán en funcionamiento lanzaderas para medias distancias (a Lérida, Huesca o Calatayud) a precios reducidos y con abonos.

Bernal, por su parte, coincidió en que el AVE es una infraestructura "sinónimo de progreso y modernidad", pero cada día "se consolida más" entre la sociedad aragonesa la idea de que en el esquema que une Madrid y Barcelona, Aragón y Zaragoza se consideran "simplemente territorio de paso", y los aragoneses tienen la percepción de "ser tratados como ciudadanos de segunda".

La "discriminación" se traduce en la política de precio, en la ausencia de abonos o descuentos como sí hay en otras líneas y, finalmente, en las dificultades de acceso a la propia línea en detrimento de los viajes de Madrid o Barcelona. Por ello estimó "obligatorio y necesario" que Iglesias y su Gobierno planten cara a esta situación y cumplan "con su obligación de defender los intereses de los aragoneses".