El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza cumplió ayer el trámite y aprobó las ordenanzas fiscales del 2018, los impuestos para el año próximo que están marcados por la congelación generalizada del IBI, que solo le subirá entre un 4% y un 7% a los 1.111 inmuebles más caros de los 505.750 que hay, y la suspensión del cobro de la plusvalía a aquellos que acrediten una minusvalía. Además del ya sabido incremento de las bonificaciones, que han provocado que los ingresos por recaudación el año próximo acaben siendo de 420 millones de euros, lo que representa un descenso del 10% con respecto a las cifras de este año.

Así lo aseguraron fuentes oficiales del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que añadió que los ingresos totales, incluidas las transferencias de capital procedentes de otras administraciones, elevarían los ingresos disponibles para el próximo presupuesto en «unos 730 millones».

Así lo afirmaron al término de una sesión que culminó con una inexplicable bronca entre el PP y el responsable municipal de Economía y Cultura. En la que este se dirigía al portavoz «más irrelevante» del ayuntamiento, refiriéndose al conservador Jorge Azcón, al que acusó de «hacer guerra de banderas y generar odio» sin venir a cuento. Y todo porque los populares volvían a quedarse solos en la votación de los impuestos de Zaragoza, pese a que la congelación o bajada del IBI llegará al 99,8% de los inmuebles, por ejemplo. O de que en la plusvalía se haya incrementado la bonificación hasta el 95% para aquellos con un valor del suelo de hasta 150.000 euros. Hasta Ciudadanos (C’s) se sumaba.

Pero ayer, en el último debate para la aprobación, parecía que todos los focos de la oposición miraban al PSOE, también en ella, por alardear de ser el único partido que ha puesto «su sello» en todos los impuestos de esta legislatura. El socialista Javier Trívez lamentó que igualmente fuera criticado: «Si no llegas a un acuerdo te acusan de teatrillo, si es rápido, de intereses espurios».

JUSTICIA SOCIAL // Muy lejos del mensaje del responsable de las finanzas, que apuntaba a que «el dinero de los zaragozanos no está para bonificar ricos» aunque incidiera en la lectura de que la propuesta aprobada ahonda en el criterio de «justicia social y progresividad» que mantiene la presión fiscal de la gran mayoría de los vecinos. Carmelo Asensio, de CHA, resaltó el «rápido e inusual acuerdo» de las fuerzas de la izquierda que, además, incorpora la «razonable» subida de 17,7 a 24 euros por tonelada en la tasa que abonan otros municipios por usar el vertedero.

Para el PP ese discurso era «demagogia» basada en el «papelón» de un PSOE «capaz de defender una cosa y la contraria». Pero que recaudar 3,6 millones más significa «subir impuestos». A pocos o a muchos, sigue la «asfixia». Sara Fernández, de C’s, coincidía en el análisis, y añadía que esto supone «poner palos en la rueda» de atraer empresas que, grandes o pequeñas, crean empleo.