Dentro de dos semanas se cumplirá un año de la última reunión de la comisión bilateral, máximo órgano de colaboración entre el Estado y Aragón. Desde su constitución, hace más de una década, esta comisión ha servido para más bien poco. Como mucho, una lista de compromisos pendientes que se ratifican una reunión tras otra. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, elogió hace unos días la figura de Meritxell Batet, ministra de Administraciones Territoriales y convencida federalista. Por este motivo, su sensibilidad territorial debería propiciar que estos encuentros bilaterales se plasmaran en conclusiones firmes.

Además de la comisión bilateral, a priori no corren peligro los diversos convenios cofinanciados que se mantendrán como hasta ahora, con especial relevancia el del Fite.

Muy relacionado con este ministerio y la bilateralidad están diversos asuntos que competen a otra ministra, en este caso la andaluza María Jesús Montero. De ella depende reactivar el debate por la financiación autonómica, un debate que, a pesar de sus reiterados anuncios, fue incapaz de concluir el ministro Montoro.

La tarea no es sencilla porque debe aunar diversos intereses y lograr un encaje común en un país con diversas peculiaridades. La exigencia en este sentido es firme por parte de Aragón: la financiación autonómcia debe tener en cuenta, a la hora del reparto de fondos, parámetros como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión y la orografía. Todos ellos problemas demográficos que encarecen la prestación de servicios en la comunidad autónoma y que ha propiciado que el Gobierno de Aragón lidere, junto a otas comunidades como Galicia, Asturias o Castilla y León un frente para reivindicar estos criterios. No será fácil el acuerdo, ya que comunidades más pobladas como Valencia, Cataluña, Madrid o la propia Andalucía. Relacionado con este aspecto figura otro que en los últimos meses ha crecido con fuerza, como es el comisionado por la despoblación. Puesto en marcha por la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en más de un año apenas ha habido avances en un tema capital. Otro asunto a tratar --aunque está por ver si el Gobierno de Aragón intensifica su presión-- es la devolución de la deuda histórica. A. I.