La sentencia avala la instrucción realizada por el magistrado Francisco Picazo. De hecho, el juez reconoció a EL PERIÓDICO sentirse satisfecho, después de que algunas defensas le acusaran de no ser "imparcial" durante la investigación. Llegó a pedir a la Fiscalía que investigara si pudieran estar acusándole de prevaricación. La Audiencia de Zaragoza considera que "no hubo vulneración de derechos fundamentales" y acepta que actuara de oficio sin que las partes ni la Fiscalía lo pidieran, así como atribuir delitos, como el de estafa, de los que ni la propia Plaza acusaba. También rechaza que fuera irregular la designación del arquitecto que hizo el peritaje.