El ruinoso cuartel de General Mayandía de la capital aragonesa, que alberga a más de 650 agentes de la Policía Nacional divididos en diversas unidades y en el que también se ubica la comisaría Centro de la ciudad, va a recibir 60.500 euros del Ministerio del Interior con los que se repararán pilares y se eliminarán los elementos de riesgo existentes en la fachada. Un informe técnico cifró en 2 millones la inversión necesaria para adecuarlo.
Así lo anunció ayer la Delegación del Gobierno de España en Aragón a través de un comunicado en el que, además, apuntó que los trabajos comenzarán el próximo mes de abril. Un compromiso que responde a la obligación que marcó el pasado mes de noviembre la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, tras una inspección del inmueble. De hecho, fijó que en plazo de tres meses debía realizar una revisión de todos los remates de la cubierta, de las impostas de ladrillo y, en definitiva, de todos los elementos perimentrales que se encuentren en mal estado.
INICIOS / Las obras inicialmente se centrarán en la fachada de la calle Tomás Crespo Agüero para «adecuar las zonas que presentan un mayor riesgo para los ciudadanos y para los alumnos del colegio público Joaquín Costa». Sobre el resto de reformas, la institución que dirige Gustavo Alcalde habla a largo plazo. «Se espera que los trabajos puedan iniciarse a finales del presente año al ser una obra que requiere unos plazos mayores de tramitación», aseguran.
Unos planes que no coinciden con la instancia municipal en la que se señalaba que «en la fachada que recae al patio inferior (donde trabajan los agentes) se repararán todas las piezas cerámicas o vierteaguas que rematan los cantos de forjados; igualmente respondrán los cristales que falten o se encuentren rotos, a firn de evitar la entrada de aves al interior». «También es necesario revisar y reparar las instalaciones de abastecimiento de agua y de las conducciones, arquetas y otros elementos de la red de saneamiento», apuntó en el pasado mes de noviembre el consistorio zaragozano en contestación a una denuncia interpuesta por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP). Un colectivo que ayer calificó de «insufiente» la inyección económica para reparar el edificio. «Los ciudadanos que hacen uso de estas dependencias, así como las personas que trabajan en las mismas tienen derecho a que se les respete su dignidad», apuntaron desde el SUP.
CORTOCIRCUITOS / Una inspección técnica realizada hace un par de años señaló que de todo el edificio solo se salvan la estructura interna y su cimentación que la calificaron los arquitectos de «favorable». Una situación muy diferente presentó entonces y se mantiene en la actualidad los elementos de las fachadas, las instalaciones eléctricas o las tuberías.
Los encargados de dicho informe destacaron que el ladrillo de la fachada estaba degradado y que la falta de vierteguas estaba acelerando el deterioro. También apuntaron que las carpinterías están en mal estado de forma generalizada, debido a que la madera está rota, desencajada y con ausencia de burletes.
Con respecto a la instalación de la corriente eléctrica no dudaron en afirmar que está mal dimensionada, que las conducciones no presentan aislamiento y que hay conexiones incorrectas. Por ello, avisaron que esto podría desembocar en un cortocircuito.
A esto se añaden los problemas de humedades con los que conviven los agentes en muchas de las estancias. La causa principalmente se debe a las filtraciones de fugas en las conducciones y tuberías de saneamiento.
En el año 2006 el Gobierno prometió demoler este edificio y levantar ahí una nueva Jefatura Superior de la Policía en Aragón. De momento, parches.
