Veintinueve altos cargos de la Generalitat (miembros del Gobierno catalán aparte), técnicos, abogados y empleados de empresas de informática participaron en la logística para la preparación del referéndum unilateral del 1 de octubre y en la creación de «estructuras de Estado». Así lo considera el juez de Barcelona Joan Antonio Ramírez, que investiga los preparativos de la consulta y de los organismos necesarios para construir un país independiente.

La investigación dirigida por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y encargada a la Guardia Civil ha sido muy extensa. Se han intervenido teléfonos, se han realizado seguimientos (hay reportajes fotográficos) y se han tomado decenas de declaraciones.

Pero, sobre todo, se ha incautado numeroso material en los registros del 20 de septiembre, en la consejería de Economía y otros departamentos de la Generalitat, domicilios particulares, despachos profesionales y empresas. Esta operación provocó la multitudinaria manifestación en el Paseo de Gracia que provocó el encarcelamiento de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Ómniun Cultural, Jordi Cuixart.

«BRAZO EJECUTOR»

Entre los implicados destaca Josep María Jové, secretario general de vicepresidencia de Economía y número dos de Oriol Junqueras. En una de las conversaciones intervenidas y según la Guardia Civil, involucra al ahora cesado conseller de Salud, Antoni Comin, en la localización y gestión de locales como centros de votación. Los agentes remarcan que Jové «es uno de los principales brazos ejecutores» de la hoja de ruta independentista.

También figura el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó. El juez considera que «participa directamente» en la creación, desarrollo y puesta en marcha de la Agencia Tributaria, «cumpliendo al detalle con la hoja de ruta establecida por el Gobierno de la Generalitat» para la creación de la denominada «estructura de Estado». En una conversación, admite que era «del todo inviable» la independencia, dado que se carecía de muchas cosas, como el control aduanero y banco propio.

«IDEÓLOGO»

Otro de los investigados es Carles Viver Pi i Sunyer, por su presunta participación, al igual que el exmagistrado Santiago Vidal, en la creación, desarrollo y puesta en marcha de las estructuras de Estado, así como en la elaboración de la ley de transitoriedad. La Guardia Civil le considera uno de los principales «ideólogos» del procés.

Francesc Sutrias, director de Patrimonio, dependiente de la Secretaria de Hacienda, también aparece en la lista. El juez expone que «resulta una pieza clave para gestionar» la logística necesaria para el 1-O. Joan Martí Angulo, director gerente del CTTI, por su parte, participó, apunta la investigación, en reuniones previas a la puesta en marcha de webs sobre la consulta soberanista.