Las Cortes de Aragón comenzaron la legislatura con el firme propósito de reformar su reglamento para modernizarse, dotando a la institución de mayor agilidad y haciéndola transparente ante los ciudadanos. La negativa del PAR a permitir la publicación de datos comprometedores para los diputados autonómicos, como las declaraciones de bienes, devolvió el texto al cajón. Sea por el inminente final de la legislatura, sea por el irrespirable ambiente político que ha aumentado con los últimos casos de corrupción, sea por la previsible atomización política del parlamento resultante tras los próximos comicios, PP y PAR han desbloqueado la negociación y los cinco partidos han retomado las conversaciones con el objetivo de aprobar el texto el año que viene.

No serán pocos los ciudadanos que recelen de las pretendidas bondades del nuevo texto, pero la trascendencia de un reglamento modernizado para el funcionamiento de la institución que representa la voluntad popular de los aragoneses es muy alta. Gran parte de los problemas de credibilidad de los políticos parten precisamente de la ausencia de marcos que les obliguen a ser realmente ejemplares. Desolado el país por una ética pública menguante frente a las penurias de buena parte de la población, las normas son más necesarias que nunca. Sin leyes que fundamenten la ejemplaridad pública y que prevengan las desviaciones y, en su caso, castiguen la corrupción, será imposible avanzar en la cacareada regeneración.

España está a la cola en legislación sobre transparencia, ejemplaridad y buen gobierno. Es hora de corregir ese déficit, comenzando obviamente por la reglamentación estatal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha protagonizado esta semana una de las escenas más impactantes de la legislatura, pidiendo disculpas a todos los españoles tras la última trama corrupta en su partido. En ese ambiente irrespirable, tanto al líder del PP como al resto de agentes políticos hay que solicitarles algo más que palabras. Los últimos casos conocidos, como la operación Púnica, o las cuentas secretas de los dirigentes catalanes, obligan a un cambio de actitud radical. No es hora solo de lamentaciones, sino de endurecer el Código Penal ante delitos de corrupción, de impedir a los encausados parapetarse en sus cargos, de suprimir por ley las puertas giratorias o de despolitizar los órganos constitucionales que deben ser garantía del sistema controlando al poder Ejecutivo. Y hasta de exigir a los parlamentos autonómicos que busquen la ejemplaridad por encima de todo. La política necesita una reconstrucción ética urgente y contundente, de arriba a abajo. Quien no perciba esa evidencia, apalancado en los reproches, está fuera de la realidad.