Llos jueces decanos de España profundizaron en su última reunión, concluida ayer, en la exigencia al Gobierno de nuevas medidas para luchar contra la corrupción, ante la "delicada situación" de la democracia y la "alarma" ciudadana. Las peticiones fueron concretadas en un listado de 58 apartados que, en gran parte, reiteran lo que llevan pidiendo desde el 2009.

Pero este vigesimocuarto encuentro de magistrados dejó exigencias novedosas como la creación de al menos dos nuevos tipos delictivos específicos --enriquecimiento injustificado durante el mandato y financiación ilegal de partidos--, la ampliación del plazo de prescripción o la agravación de penas relacionadas con este ámbito. El juez decano de Zaragoza, uno de los 45 participantes, calificó las condenas actuales de "irrisorias".

Ángel Dolado admite que las medidas "pueden parecer" ingenuas --al estar en manos de aquellos a quienes, en su caso, benefician--, pero confían en que estas "ideas técnicas" sean atendidas y sobre todo en que "la ciudadanía mantenga la confianza en que la situación se puede cambiar".

APARTADOS

Las propuestas abarcan ámbitos muy diversos. Por ejemplo, la reforma del Código Penal, sobre la que el ministro de Justicia, Rafael Catalá --que visitó la reunión, en Valencia, anteayer--, anticipó que recogerá "algunas" de las iniciativas. A las ya citadas se añadirían rebajar el umbral del fraude a Hacienda --actualmente se ha de llegar a 120.000 euros para que sea delito--, castigar a quien no denuncie las corruptelas, a quien desobedezca al juez "y sobre todo --añade Dolado-- que no se pueda suspender la entrada en prisión de quien no haya devuelto el dinero".

En la propia estructura judicial, los magistrados pidieron más medios personales --hay una ratio de 11 jueces por cada 100.000 habitantes en España, casi la mitad de los 21 en Europa-- y materiales. También un cambio de paradigma que permita a los jueces trabajar "en equipo" --por ejemplo, uno de lo Contencioso podría asesorar al instructor penal-- y contar con refuerzos, por ejemplo con jueces sustitutos.

AGILIZACIÓN

Uno de los aspectos que preocupa a los jueces es la percepción de que los procesos se eternizan --véase la operación Molinos, o lo que se intuye en Plaza--, por ello piden eliminar la posibilidad de recurrir decisiones hasta el cierre de la instrucción, regular más claramente las pruebas o especializar juzgados. En este ámbito piden definir cuanto antes quién instruirá

el juez o el representante del ministerio fiscal-- y dotarle de control directo y coordinación con policías u otras instituciones como Hacienda. Incluso crear cuerpos específicos, como de peritos.También destaca la apuesta de los jueces por eliminar privilegios. En el aforamiento, abogan prácticamente por su eliminación, o al menos por impedir que sirva para dilatar causas peregrinando de instancia en instancia según el nivel del imputado. No comparten que el proceso cambie de instructor si el investigado deja de estar aforado. En el mismo sentido, los indultos se limitarían a casos en que el propio tribunal los avale, no por voluntad del Gobierno.

Los magistrados quieren asimismo establecer cierta presunción de culpabilidad para los testaferros o colaboradores de los imputados a la hora de embargar preventivamente sus bienes en estos procesos.