Durante dos meses, los operadores jurídicos de la comunidad, al igual que sus compañeros españoles, han parado durante una hora para protestar sobre la falta de medios, la sobrecarga de trabajo y para pedir mayor independencia. Una protesta dirigida al anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, y que culminó con una huelga el pasado 22 de mayo. En una de esas convocatorias participó la actual ministra Dolores Delgado, que en aquel momento estaba al frente de la Fiscalía especializada en terrorismo yihadista. Una imagen que jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás funcionarios tienen guardada en sus retinas de cara a lograr las reclamaciones que realizaban a su antecesor.

El juez decano de Zaragoza, Roberto Esteban, recuerda la necesidad de «despolitizar» la elección de jueces del Consejo General del Poder Judicial, en favor de una elección por votación entre el propio colectivo. En cuanto a la modernización de la Justicia, quieren un papel cero eficaz, un expediente electrónico que realmente funcione, no como entienden el actual, «que da más trabajo del que quita». Los secretarios judiciales también se concentraron delante de las sedes judiciales aragonesa para reivindicar, tal y como apunta el portavoz de ellos en Zaragoza, Carlos Artal, la «deuda» salarial que entienden que se les debe desde 2009, cuando se hicieron varias reformas legislativas con las que se les atribuyó nuevas competencias procesales pero no nuevas retribuciones acordes con ellas.

Los funcionarios de esta administración también tienen reclamaciones. El portavoz de CCOO de Justicia en Aragón resalta, entre otras cuestiones, la necesidad de extender el complemento de productividad a todos los trabajadores «más allá de jueces, fiscales y secretarios». L. M. G.