Con tres años de retraso pero con la recuperación económica en marcha, el Gobierno se dispone ya a abordar la revisión del sistema de financiación autonómica del 2009. De «reinvención» habla el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar cabida a quienes aspiran a un cambio radical en el modelo que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero diseñó codo con codo con el Gobierno tripartito catalán de José Montilla.
Hasta finales de los 80, las autonomías se financiaban casi en su totalidad mediante transferencias de carácter finalista (para el Insalud, para la gratuidad de la enseñanza...), un modelo que fue despareciendo en la primera mitad de los 90. A partir de 1997, comenzó la participación de las comunidades autónomas en la recaudación de impuestos estatales (15% del IRPF). La reforma del 2001 amplió la capacidad normativa en el IRPF y extendió al 33% el tramo autonómico de su tarifa. Además se implantó la participación autonómica en la recaudación del IVA (35%) y los impuestos especiales (40%). El sistema del 2009 amplió estos porcentajes (IRPF, 50%; IVA, 50%; impuestos especiales, 58%).
Las dos comunidades de régimen foral (País Vasco y Navarra) se rigen por su propio modelo de cupo (recaudan y transfieren al Estado las cantidades necesarias para financiar servicios estatales, como defensa o representación exterior), que les proporciona niveles de financiación por habitante que duplican la media.
Las posiciones relativas
No existe un criterio aceptado por todas las comunidades para medir sus posiciones relativas, si bien, el que más se acerca es el de la llamada financiación por habitante ajustado a competencias homogéneas. Así, dado un índice medio 100, las comunidades con mayor financiación serían País Vasco (202,3) y Navarra (161,3), seguidas de Cantabria (124,3), La Rioja (118,4) y Extremadura (110,4). El farolillo rojo corresponde a Valencia (93) y Murcia (94,6).
Las balanzas fiscales ponen en relación lo que un territorio aporta al Estado y lo que recibe de él, no solo en términos de financiación autonómica, sino también en forma de inversión y gasto. Solo hay cuatro comunidades que aportan más de lo que reciben (como Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia), según los resultados del último Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, publicado por el Ministerio de Hacienda el pasado mes de agosto.
El gran problema que plantean las balanzas fiscales es la falta de acuerdo en su metodología. El modelo de Hacienda se basa en coste-beneficio, que pone en relación lo que tributan los habitantes de una comunidad frente a la valoración de los bienes y servicios que reciben del Estado. Según, esto, por ejemplo, Madrid tuvo una balanza negativa de 17.591 millones en el 2013 y Cataluña, de 8.800 millones. Frente a esto, la Generalitat catalana elabora sus balanzas bajo la metodología del flujo monetario (diferencia entre el dinero que entra y que sale en una región), que dan como resultado un déficit de 14.623 millones en el 2012.
Cálculos distintos
La Generalitat catalana también hace un cálculo bajo el método coste-beneficio, si bien los resultados son distintos de los de Hacienda al arrojar un saldo negativo de 10.030 millones en el año 2012.
La mayoría de expertos coinciden en la necesidad de simplificar el sistema, reducir el nivel de desigualdad entre territorios en términos de financiación por habitante, dotar a las autonomías de más control sobre los ingresos y revisar el reparto vertical de los ingresos (entre Estado, autonomías y corporaciones locales).
