El constructor Agapito Iglesias volvió ayer al despacho del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo. El soriano, ante los periodistas que le esperaban en la Ciudad de la Justicia, definió la cita como "un mero trámite". Este consistió en que el juez le exigió que pague los 18,6 millones de fianza del caso pagarés, ahora que ha recibido 25 millones de la venta de las naves de Decathlon. De no hacerlo, no dudará en ampliar el embargo que ya sufre.

A Agapito Iglesias le pasó ayer lo mismo que hace unos meses, cuando quiso vender el Real Zaragoza al grupo de empresarios liderados por Javier Lasheras. En aquella ocasión el magistrado ya le apercibió de que podía incurrir en un delito de alzamiento de bienes si no ponía a disposición de su juzgado el dinero de la operación, recordándole que hay una responsabilidad civil solidaria que todavía no se ha cubierto.

Están en la obligación de hacerlo, junto a él, el exviceconsejero Carlos Escó; el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el director técnico Miguel Ángel Pérez.

En esta ocasión también le solicitó la escritura pública de la operación inmobiliaria con el empresario oscense Antonio Bernad, para conocer todos los entresijos del mismo, además de exigir el dinero, que deberá pagarlo en un día.

Con esta operación realizada por Multiinversiones, una de las empresas del soriano, el constructor saldó la deuda de ocho millones de euros con Plaza por los terrenos sobre los que levantó las naves para Decathlon en régimen de alquiler. Ahora, la empresa pública deberá consignarlos en el juzgado.

En el auto de imputación de Agapito, el juez vio indicios de que los encartados "se repartieron los sobrecostes" en la construcción de 119 naves en la plataforma logística