Caso cerrado. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, ha dado por concluida la investigación del caso pagarés --presuntos sobrecostes injustificados en la constucción de las naves de Autocity-- y, en un auto dictado ayer, ha dado diez días al fiscal y a las acusaciones --DGA, Plaza, UPD y Manos Limpias-- para que presenten cargos o soliciten el sobreseimiento y, excepcionalmente, soliciten "la práctica de las diligencias complementarias que consideren imprescindibles".

La decisión de Picazo, recurrible ante la Audiencia, supone el paso previo a la apertura del juicio oral del primero de los cuatro casos Plaza que investigan los tribunales. El trámite equivale al auto de procesamiento en un sumario. El asunto irá a la Audiencia Provincial, la cual, dada su agilidad procesal, puede celebrar la vista oral este año.

El juez considera indiciariamente acreditado que los imputados cometieron un delito de malversación de caudales públicos, otro de estafa y uno más de administración desleal, infracciones que el Código Penal, dadas las cifras que mantiene la investigación, castiga con condenas de entre ocho años y medio y veinte años de prisión, además de multas de hasta el triple del beneficio obtenido por quien los comete.

IMPUTADOS Los imputados son Agapito Iglesias, dueño de la constructora Codesport y accionista mayoritario del Real Zaragoza SAD; Carlos Escó, exconsejero delegado de Plaza; Ricardo García Becerril, exgerente de la empresa pública, y Miguel Ángel Pérez, exdirector técnico de la plataforma logística.

Carlos Escó, exviceconsejero de Obras Públicas, será el primer alto cargo de los Gobiernos de Marcelino Iglesias y José Ángel Biel que se siente en el banquillo acusado de delitos de corrupción.

"Una obra que se licitó, adjudicó y contrató por un precio cierto de 14.525.267 euros más IVA conforme ofertó el licitador Codesport, sin que cupiese revisión de precios y modificación de ningún tipo conforme al pliego y contrato, acabó suponiendo un coste para la mercantil pública de 32.339.270", indica el juez, que añade que "todo ello ni fue conocido ni autorizado por el consejo de administración de Plaza".

El magistrado señala que existen indicios de que los cuatro imputados "procedieron a la ejecución de un plan en el marco de un pacto previo" entre García Becerril e Iglesias por el que el precio de la obra "se disparó" hasta alcanzar "un aumento del 107,91%, indebidamente abonados por ausencia manifiesta de justificación alguna". Picazo, cuya investigación incluye dos informes periciales --Iglesias anunció otro que todavía no ha aportado-- anota que "en el mejor de los casos" para los encartados, el sobrecoste sería de 15.249.192 euros más IVA.

Ese presunto sobrecoste, anota el juez, fue abonado "con fondos públicos de los que ilegítimamente dispusieron" Escó y el exgerente, que emitieron cuatro pagarés por 8,7 millones "no constando las certificaciones correspondientes para el pago de estas cantidades y no pasando tampoco tales datos y documentos mercantiles por el consejo de administración de Plaza celebrado justamente al día siguiente", el 16 de diciembre del 2008.