El desembolso de 2,1 millones de euros que el Ayuntamiento de Zaragoza realizó a la contrata del bus urbano, TUZSA, que luego se denominó AUZSA, para compensar las indemnizaciones de los despidos del 2013, no es delito, aunque ve "oscuridad" en el contrato. Así lo señaló ayer el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital aragonesa, José Ignacio Martínez, en el auto en el que decretó el sobreseimiento provisional de la investigación por prevaricación y malversación de caudales públicos por este asunto. Como consecuencia, fueron desimputados el interventor José Ignacio Notivoli y Luis García-Mercadal, coordinador del Área de Presidencia de la época socialista y jefe de los servicios jurídicos antes de ser cesado por este asunto.

HABÍA AFORADOS No eran los únicos señalados por el autor de la querella, el sindicato Somos, que anunció un recurso. En la lista aparecían el exalcalde Juan Alberto Belloch y los exconcejales Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno; si bien el magistrado, que ha dirigido varias investigaciones sobre corrupción en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), decidió citar al primer escalón para comprobar si había delito y evitar que el asunto se derivara al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) debido a la condición de aforados de Belloch y Gimeno, tal y como adelantó EL PERIÓDICO.

El juez reconoce que los acuerdos adoptados por la corporación municipal pueden discutirse en lo que concierne a su interpretación y considerar que la decisión fue errónea o equivocada pero que, en ningún caso, puede calificarse como una resolución en donde concurran los requisitos del delito de prevaricación. Sobre las cantidades solicitadas y su inclusión en conceptos denominados "costes laborales" o de "desequilibrio económico" afirma que se trata de meras cuestiones de legalidad ordinaria y que han de resolverse, en su caso, en la jurisdicción contencioso-administrativo.

Y es que la querella se centraba en quién debía asumir el coste extraordinario generado por la reducción de plantilla que TUZSA había llevado a cabo al producirse una reducción de 2.928.981 kilométros anuales, según establecía el pliego de condiciones y pasando así de los 21.000.000 kilómetros al año a los 18.071.019

TUZSA entendió como necesario el recorte de la plantilla y que era el ayuntamiento el que debía asumir el coste de reducción por lo que reclamó al consistorio los 2,1 millones en cuestión. De ellos, 1.915.783,23 euros por las indemnizaciones a los 153 trabajadores despedidos y los trámites de su extinción laboral y 221.372,24 euros en concepto de costes de puesta en marcha del servicio.

FALTA DE CLARIDAD El juez Martínez asevera que el proceso de licitación de este servicio público "careció de la claridad y concreción deseable" en todo lo que respecta a la subrogación del personal de la antigua concesionaria. Y añade que "quizás" del último párrafo de la cláusula 27.3 "podría deducirse que el coste laboral no debería ser asumido por el ayuntamiento", al señalarse que este, en ningún caso, asumirá ninguna responsabilidad laboral.

Asimismo, el instructor señala que no observa un acuerdo de los querellados para prevaricar antes de que ZeC alcanzara el gobierno municipal.