La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza investiga un nuevo caso Plaza, en este caso para esclarecer si hubo algún delito en la desviación de más de tres millones de euros registrada en las obras de interior de las naves de Caladero, catalogadas como Alia-1 en la plataforma logística.
Las pesquisas salpican de lleno a varios de los pata negra que intervinieron en la gestión de empresas públicas con el anterior gobierno autonómico. La jueza ha citado a declarar como imputados a Carlos Escó, exconsejero delegado de Plaza; a Santiago Coello, exejecutivo de Plaza Desarrollos Logísticos (PDL) y de la Corporación Empresarial; a Pedro Colás Máñez, que ocupó el puesto de director financiero de la empresa pública, y a Pilar Valdivia, apoderada de PDL.
Escó y Coello deben comparecer el 22 de enero, mientras que Colás y Valdivia lo harán tres semanas más tarde, el 10 de febrero. Las citaciones se producen a petición de la Fiscalía, que también ha reclamado a PDL varios documentos.
La magistrada abrió la investigación tras recaer en su juzgado, por reparto, una de las tres denuncias que la Fiscalía de la Audiencia de Zaragoza presentó en julio sobre contratas de Plaza.
PESQUISAS
Antes, el ministerio público había desarrollado una investigación en la que detectó indicios de prevaricación. De hecho, la denuncia señala que, "bajo una aparente legalidad, la adjudicación del contrato pudo obedecer a criterios no objetivos" y "conducir a un resultado injusto y arbitrario".
Previamente, la Fiscalía zaragozana había recibido un informe de la delegación del ministerio público en el Tribunal de Cuentas, la cual había detectado "modificaciones no justificadas del contrato".
Plaza Desarrollos Logísticos formalizó el 5 de mayo del 2008 con Conavinsa, filial del grupo Prainsa y hoy en concurso de acreedores, un contrato de nueve meses de duración y 11.258.436 euros de presupuesto para la ejecución y realización de obra civil en interiores de nave industrial en la parcela Alia-1. El pliego de cláusulas señalaba el 1 de marzo y el 30 de diciembre como fechas de inicio de la obra --se mantuvo la segunda--, así como una serie de penalizaciones.
Tras una primera petición en la que, ya en noviembre del 2009, el director de obra consideraba "imprescindible una modificación del proyecto", el 10 de enero eran aprobados el expediente de modificación y los gastos complementarios.
Ese mismo día, señala la denuncia, Valdivia y Colás mantuvieron con J. L. C. A., ejecutivo de Conanvisa, una reunión en la que acordaron elevar el presupuesto en 1.888.943 euros --pasaba a ser de 11.333.947 más IVA--. Y al siguiente, las mismas personas "estipularon un contrato complementario, al ser necesarias obras complementarias", por 1.227.264 euros más IVA. "Se incrementó así la obra en un 29,41%", añade.
Una semana antes, el 4 de enero, PDL y Conanvisa habían levantado el "acta de recepción definitiva de la obra", en la que ambas partes se comprometían a no reclamarse nada y dar por saldada cualquier obligación.
La Fiscalía destaca que "no constan las causas de esos contratos adicionales", que no existe un acta de recepción provisional cuando el certificado de obra final está fechado en septiembre del 2009, que faltan algunas certificaciones parciales e informes sobre los trabajos, que la valoración de las ofertas que decidió la adjudicación no fue firmado por su autor y que, además, no consta que el adjudicatario depositara las fianzas por 1,1 millones que exigía la ley.
