La charla-debate sobre el referéndum ilegal de Cataluña no se realizará en el centro cívico Delicias de Zaragoza esta tarde por decisión judicial, al considerar que el acto está a favor de la consulta. Las Marchas por la Dignidad no se rinden y se concentrarán a las puertas del centro municipal para protestar contra lo que consideran un «método autoritario» contrario a la libertad de expresión. El Gobierno de la ciudad calificó de «barbaridad jurídica» la decisión de la magistrada y aseguró que «tritura» los derechos de reunión y expresión que contempla la Constitución.

Como respuesta al recurso interpuesto por el PP, la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5, María José Cía, argumenta en su auto que la reunión, convocada para esta tarde a las 18.30 horas, es partidaria del referéndum del 1-0 ya que, a su juicio, el cartel anunciador, Charla-debate por el derecho a decidir, evidencia que está «a favor» del mismo. El análisis sobre el desarrollo de los acontecimientos que aparecen en la página web que anuncia el debate, donde se hace referencia a «la escalada represiva para vulnerar la libre manifestación de un pueblo», es otro de los argumentos utilizados por la jueza para reiterar el apoyo de las Marchas por la Dignidad al referéndum.

PARCIALIDAD / Para la magistrada, el hecho de que el ayuntamiento ceda un local para la celebración de este coloquio, lleva implícito el riesgo de que «muestre su adhesión» al 1-0. Es decir, que sea partidario del referéndum por el mero hecho de firmar la licencia. Una conclusión que negó el portavoz de Zaragoza en Común (ZeC), Fernando Rivarés. «Al ayuntamiento ni le va ni le viene» el contenido de los eventos para cuya celebración da permiso, explicó Rivarés, ya que se firman sin tener en cuenta «lo que se diga o se haga en ellos, a no ser que suponga un atentado o una amenaza a derechos fundamentales», precisó.

Según la jueza, la charla-debate convocada puede entenderse como un «mitin a favor de la consulta» que podría no ser coherente con el interés general y de neutralidad al que debe responder una institución pública a la hora de autorizar su celebración en un espacio municipal. Por ello, y aludiendo a la «prudencia», suspende la cesión del local. Añade, además, que por este hecho «no resultan afectados los derechos constitucionales de reunión y libertad de expresión». Una afirmación que no comparten ni desde el Gobierno de la ciudad ni desde las Marchas por la Dignidad.

Según el portavoz de ZeC, esta decisión es «una barbaridad jurídica» por cuanto prejuzga unos hechos que no han ocurrido y porque no respeta la libertad de expresión y reunión.

Sobre este derecho centraba gran parte de sus alegaciones el consistorio. En su escrito, firmado por el letrado municipal Carlos Navarro, cuestiona que un partido político, en este caso el PP, tenga «legitimación» para presentar un recurso de estas características ya que, a su juicio, la función operativa de los grupos se limita a «efectos de su actuación corporativa». Además, en su alegato insta a la magistrada a la que cite a la entidad que solicitó el espacio, Mayores Indignados para que puedan ejercer «su derecho» a ser «perceptivamente oída».

El acto sigue convocado / Las Marchas por la Dignidad, convocantes del acto, denunciaron lo que para ellos es un «atropello a las libertades políticas más básicas» de «la Justicia de la Monarquía franquista» que sigue las órdenes del PP. Por este motivo, mantienen el acto y la convocatoria de hoy a las 18.30 horas en el mismo lugar que se les ha prohibido. Asimismo, convocaron una manifestación para el próximo día 30 de septiembre, un día antes de la celebración del referéndum por parte de la Generalitat de Cataluña, en defensa del derecho a decidir y contra las actuaciones emprendidas por el Estado.