Las tasas judiciales impulsadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, están logrando el perverso doble efecto que el Gobierno central pretendía con su implantación: llenar las arcas del Estado al mismo tiempo que reducen, por encarecer el acceso a los tribunales, el volumen de pleitos que tramitan los juzgados.

Los datos facilitados por el Decanato de la Ciudad de la Justicia revelan que en los diez primeros meses de este año --las tasas entraron en vigor el pasado 20 de noviembre para ser retocadas a la baja unos meses después-- la cifra de asuntos ha bajado en el partido judicial de Zaragoza un 10%, en relación con el mismo periodo del año anterior, en las dos jurisdicciones en las que la presentación de demandas está sujeta al gravamen: Civil, que incluye el Mercantil, y Contencioso Administrativo. Este partido judicial genera entre el 75% y el 80% de los procesos judiciales de toda la comunidad autónoma.

En esos diez meses, Hacienda ha recaudado en el partido judicial de Zaragoza más de cuatro millones de euros en concepto de tasas. Algo más de tres corresponden a las demandas de primera instancia, mientras que otro --según estimaciones de los operadores judiciales, que no incluyen el coste de las reconvenciones y las oposiciones a las ejecuciones-- procede de los recursos de apelación, suplicación y casación que tramitan la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Diversas fuentes insisten en que el volumen de dinero pagado por los ciudadanos y empresas como peaje para poder pleitear puede ser el doble, o más, del que se deriva de las tasas. Ello se debe a la obligación de depositar el 0,1% o el 0,5% de la cuantía del pleito --uno o cinco euros por cada mil en discusión-- en función, respectivamente, de si el litigante es una persona física o jurídica.

ESCOLLO Los operadores judiciales coinciden de manera prácticamente unánime, con independencia de sus afinidades ideológicas, en considerar que las tasas suponen, por su elevada cuantía, una traba para el acceso a la justicia y para la aplicación del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Por otro lado, su gestión no cumple lo que ordena la propia ley que las regula. El artículo 11 de la ley establece que la tasa judicial "se considerará vinculada (...) al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio". Sin embargo, es el Ministerio de Hacienda quien las gestiona, mientras que la justicia gratuita es una competencia traspasada a las nueve comunidades autónomas --entre ellas Aragón-- que han asumido la gestión de los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia.

En Aragón, los más de cuatro millones recaudados por tasas en Zaragoza durante los diez primeros meses de este año equivalen al coste de la asistencia jurídica gratuita de todo el ejercicio en la comunidad.

TIPOS DE PLEITO Los litigios en los que más acusado ha sido el efecto disuasorio de las tasas tienen carácter económico. Se trata de los cambiarios, diseñados para cobrar efectos impagados como cheques y letras y que han caído un 36% en diez meses; los monitorios, en los que ciudadanos y empresas se reclaman deudas de hasta 150.000 euros y cuya reducción roza el 20%, y las ejecuciones hipotecarias, los procesos en los que los bancos se quedan con los inmuebles de personas y entidades morosas.

En todos esos casos, el acreedor debe adelantar parte de lo que le deben para que un tribunal tramite su demanda.

Ocurre algo similar en los juzgados de lo Mercantil, donde el único procedimiento exento de tasas es la solicitud de concurso voluntario. Por el contrario, un acreedor debe poner 150 euros y parte de la deuda para pedir el concurso de quien no le paga.

La jurisdicción que mayor descenso de la litigiosidad sufre --23,10%-- es es la Contencioso Administrativa, donde al efecto de las tasas se suma el del vencimiento objetivo, por el que quien pierde para todas las costas.