La mañana del pasado 28 de julio fue especialmente intensa en el Ayuntamiento de Zaragoza porque la DGA cometió un error que casi acaba con la "suspensión inmediata" de las obras del tranvía. Al menos en esos términos lo exigía el Gobierno aragonés desde la dirección general de Patrimonio en una resolución firmada por el entonces director general, Jaime Vicente, que ese día se encontraba fuera de Zaragoza y de la que tuvo conocimiento con posterioridad al envío, cuando la tensión era máxima en el área de Servicios Públicos.

Una equivocación en el contenido de una primera carta que llegó a manos de la teniente de alcalde del área, Carmen Dueso, y de la propia sociedad responsable de las obras, Los Tranvías de Zaragoza. Y que tenía consecuencias desastrosas para el proyecto. No solo porque, de haberse confirmado, hubiera obligado a parar las máquinas por tiempo indefinido en todos los tramos, sino porque eso se habría traducido en un sobrecoste millonario además de un retraso en la finalización de los trabajos y puesta en marcha de la segunda fase entre plaza Paraíso y Parque Goya.

DESCONOCIMIENTO La duda está en si hubo mala fe o fue un error fortuito y por desconocimiento. Y es que esta resolución inicial, que fue rectificada en cuestión de horas por Patrimonio con un segundo escrito que dejaba la suspensión en una petición para "garantizar que las obras que se realicen no afecten a los niveles subterráneos donde se presume la posible existencia de restos arqueológicos" en los tramos de Independencia (entre las calles Cádiz y Cinco de Marzo) y el entorno de las Murallas Romanas, "a fin de evitar riesgos en materia de patrimonio arqueológico".

Nada que ver con lo que exigía la DGA a través de Patrimonio horas antes de este segundo envío. "Le ruego que hasta que se cuente con la preceptiva autorización cultural se tomen las siguientes medidas: Suspender de forma inmediata las actuaciones en los tramos del paseo Independencia y entorno de las Murallas Romanas a fin de evitar riesgos en materia de patrimonio arqueológico". Como del blanco al negro, con la única coincidencia del final de la frase.

Lo que también llama la atención es que ambos documentos aparecían firmados por el director general de Patrimonio de la DGA, Jaime Vicente, que ese día se encontraba fuera de Zaragoza. Él mismo se encargó de rectificar el primer envío al ayuntamiento, de cuyo contenido tuvo conocimiento porque, primero la jefa de servicio de Prevención y Protección del Patrimnoio, Mª Ángeles Hernández, y luego la propia Carmen Dueso, le informaron del despropósito que acababan de comunicar al consistorio y a la sociedad del tranvía.

Lo corrigió después, por lo que es evidente que se ordenó una suspensión de las obras solicitada por el director general de Patrimonio sin que este la hubiera autorizado. De hecho, lo desconocía. ¿Y quién encargó la elaboración de este primer informe? El nuevo jefe de gabinete, fichado por el Gobierno entrante. Entonces llevaba pocos días en el cargo y al igual que la consejera del departamento de Educación y Cultura, Dolores Serrat, era una de las pocas caras nuevas que en esas fechas se había incorporado.

La primera carta era un despropósito si se atiende a la propia Ley de Patrimonio, que indica que solo la consejera podía asumir la responsabilidad de exigir una suspensión de las obras. El problema es que el director general de Patrimonio nunca le recomendó que adoptara esa decisión. De hecho, nunca comentaron las irregularidades que se estaban denunciando. Ocho días después, este último fue cesado. Quizá eso pudo influir en esa falta de comunicación. Con ella y con el nuevo jefe de gabinete, que prefirió dirigirse a la jefa de servicio antes que al director general para encargar un informe que llevaría su firma y una decisión con consecuencias graves.