La Casa Amparo de Zaragoza lleva casi un año sin recibir nuevos residentes por parte del Gobierno de Aragón, a pesar de la demanda de plazas que existe, de ser uno de los centros de referencia de atención a personas dependientes y, además, de ser público. En sus instalaciones podría hacer uso de las 90 plazas que tiene reservadas para su uso, ampliables hasta 116, pero de momento le es suficiente con utilizar 56. Y es así desde abril del 2011, cuando ingresaron en la residencia cuatro de las 18 personas a las que se buscó ubicación tras el polémico cierre de la residencia privada Jesús te ama, por no reunir las condiciones de salubridad necesarias para sus usuarios.

Entonces, la DGA se hizo cargo de solo cuatro de ellos. Del resto se tuvo que ocupar el Ayuntamiento de Zaragoza. Otros nueve también acabaron en esta misma residencia municipal y el resto, cinco, en el albergue. Fueron los últimos en aterrizar en la que está considerada como la mejor residencia de Aragón y una de las mejores de España y que ahora está infrautilizada a pesar de las excelentes condiciones que ofrece para los usuarios, tanto los que se valen por sí mismos como los grandes dependientes.

SIN PAGO POR RESERVA Todo tiene su origen a principios del 2011. Concretamente el 1 de enero del año pasado, cuando el Gobierno de Aragón ordenó que, con carácter general, se dejará de pagar por las plazas en reserva. En noviembre del 2010, la Casa Amparo había alcanzado la máxima utilización por parte de la DGA, con 76 plazas ocupadas. Desde entonces, la cifra empezó a caer hasta las 56 actuales.

Casualidad o no, lo cierto es que económicamente no le interesa. Antes de aquel uno de enero, por cada una de las plazas que dejaba vacantes (14 entonces) debía abonar unos 700 euros al mes. Y por cada una de las que sí ocupa, el ayuntamiento recibe 1.430 euros mensuales, aunque la totalidad no la abona la DGA, sino que en función del grado de dependencia y del nivel de renta se da cobertura en un porcentaje de esa cuantía y el resto lo paga el usuario o su familia.

De esta manera, no se puede hablar de recortes en políticas sociales, porque el Gobierno aragonés ya se fabricó el marco legal necesario, pero se está ahorrando más de 24.000 euros al mes que antes sí pagaba. Así, son casi 300.000 euros al año los que el consistorio ha dejado de ingresar, en un momento en el que, además, la DGA ha cortado de raíz el envío de nuevos residentes a la Casa Amparo.

Pero la situación es más grave en el caso de 15 personas que están allí alohadas y que han visto cómo su estado de salud se ha ido deteriorando con el paso de los años y, en consecuencia, el grado de dependencia es ahora más alto que cuando entraron.

Entonces, los técnicos de la DGA que lo valoraron les habían concedido el grado 1, que no da derecho a plaza de residencia. Pero con el paso del tiempo su situación ha ido a más. Han pasado una segunda evaluación, por parte del IASS y en esta se les ha reconocido un grado de dependencia de grado 2 o 3, según los casos.

Lo tienen acreditado por la propia DGA y, sin embargo, siguen sin disfrutar de la subvención a la que les da derecho la Ley de Dependencia porque, sencillamente, no se les ha concedido todavía esta ayuda. Y ni siquiera tenían que esperar a buscar centro.

Entraron porque, por su nivel de renta, el ayuntamiento les subvencionaba. Ellos pagan unos 300 euros de media y el consistorio cubría el resto. Más de mil euros de ayuda que hacen que la factura para las arcas locales sea de 15.000 euros al mes, 180.000 al año. Y lo seguirá siendo pese a corresponderles, por ley, la misma ayuda pero pagada por la DGA.